El gobierno del presidente Gustavo Petro anunció la creación de un impuesto temporal sobre el patrimonio líquido de las personas jurídicas con patrimonios superiores a 200.000 UVT, equivalentes a aproximadamente 10.454 millones de pesos, con el objetivo de recaudar ocho billones de pesos destinados a reparar los daños causados por la crisis climática en ocho departamentos del país. La medida fue presentada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el 24 de febrero durante el Consejo de Ministros en Cartagena, y el decreto respectivo se firmó dos días después, el 26 de febrero. Los pagos se realizarán en dos cuotas iguales: el 50% el 1 de abril de 2026 y el otro 50% el 4 de mayo del mismo año.
Este impuesto aplica una tarifa general del 0,5% sobre el patrimonio líquido, pero sube al 1,6% para los sectores financiero y minero-energético, específicamente aquellos dedicados a la extracción de hidrocarburos y carbón. Se estima que impactará a más de 15.000 empresas, con el 56% de la recaudación proveniente de los sectores financiero y minero-energético, y el 44% del resto. La decisión responde a las restricciones fiscales del gobierno y a los graves daños provocados por las lluvias intensas, que han afectado a 61 municipios, dejando un saldo de 10 muertos y más de 4.100 viviendas destruidas, priorizando así a las empresas en lugar de las personas naturales.
Declaraciones del ministro Ávila explican el diseño del impuesto
Germán Ávila justificó la medida señalando que las circunstancias obligaron a centrarse en este esquema tributario. “Las circunstancias nos llevaron a plantear este nuevo esquema de medidas, donde el centro de la propuesta tiene que ver con el impuesto al patrimonio para personas jurídicas”, afirmó el ministro. Agregó que “tuvimos que concentrarnos en el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, que toca de alguna forma a los sectores productivos, que no era la intención inicial para estas medidas tributarias”. Además, detalló las tarifas diferenciadas: “esas empresas se dividen en dos tipos de tarifas: el 0,5% general para todas y una tarifa diferencial para el sector financiero y el sector de extracción de carbón y petróleo. La tarifa para estos dos sectores sube al 1,6%”. Finalmente, enfatizó su propósito: “El diseño busca garantizar liquidez en el corto plazo para financiar intervenciones en infraestructura, recuperación agraria y reactivación productiva en las zonas afectadas”.
“Las circunstancias nos llevaron a plantear este nuevo esquema de medidas, donde el centro de la propuesta tiene que ver con el impuesto al patrimonio para personas jurídicas”
Germán Ávila, ministro de Hacienda
Esta iniciativa evoca el precedente de 2009, durante el fenómeno de La Niña, cuando se implementó un impuesto a la riqueza con tarifas del 2,4% para patrimonios superiores a 119.370 UVT y del 4,8% para aquellos cercanos a las 200.000 UVT, más una sobretasa del 25% que podía alcanzar hasta el 6%. Ahora, la declaratoria de emergencia económica y climática por las lluvias intensas ha impulsado esta noticia, con fondos dirigidos a la recuperación de infraestructura, el sector agrario y la reactivación productiva en las áreas damnificadas.
Como medidas complementarias, se establecieron períodos de gracia de hasta 12 meses para deudores en los municipios afectados, junto con la suspensión de cobros ejecutivos y prejurídicos. De ser insuficiente la recaudación para el agropecuario y las microempresas, podría imponerse una inversión forzosa al sistema financiero. En cuanto a tasas de interés, se fijaron en el 30% para el sector agropecuario y en el 52,5% para la economía popular. Datos de utilidades revelan la capacidad de estos sectores: en 2024, los establecimientos de crédito reportaron 8,7 billones de pesos y los bancos 8,3 billones, con proyecciones para 2025 de 17,7 billones y 14,2 billones respectivamente, lo que subraya el impacto potencial de la tarifa diferencial.
“El diseño busca garantizar liquidez en el corto plazo para financiar intervenciones en infraestructura, recuperación agraria y reactivación productiva en las zonas afectadas”
Germán Ávila, ministro de Hacienda
