El gobierno nacional, a través del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció este jueves sanciones económicas y posibles cierres a las empresas que incumplan el pago del salario mínimo vital decretado por el presidente Gustavo Petro el pasado 30 de diciembre. La medida aplica en todo el territorio colombiano y responde a las quejas recibidas desde el inicio del año, pese a que la primera quincena ya fue pagada por la mayoría de empleadores.
El Ministerio de Trabajo activará actuaciones de inspección, vigilancia y control, junto con el análisis prioritario de denuncias recibidas a través de una línea de quejas habilitada, para garantizar el cumplimiento del incremento salarial. Hasta el momento, se han registrado cerca de mil quejas por irregularidades en la aplicación de este ajuste, provenientes de distintos sectores económicos y regiones del país, aunque representan una minoría frente al amplio acatamiento voluntario por parte de las empresas.
Presunción de legalidad del decreto ante demandas judiciales
El decreto presidencial que fija el salario mínimo vital se mantiene vigente gracias al principio de presunción de legalidad, mientras el Consejo de Estado resuelve demandas de nulidad interpuestas en su contra. Esta situación obliga a los empleadores a aplicar el incremento, so pena de sanciones que van desde multas económicas hasta el cierre temporal de operaciones, con el fin de proteger un derecho adquirido de los trabajadores.
“Vamos a hacer uso de nuestro poder sancionatorio frente a quienes pretendan evadir el cumplimiento del salario vital. Las sanciones pueden ir desde cierres hasta multas económicas”.
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo
“Ya se pagó la primera quincena y el incremento salarial es un derecho adquirido de los trabajadores y trabajadoras”.
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo
El ministro Sanguino enfatizó que no pagar el salario vital mientras se espera un pronunciamiento definitivo del Consejo de Estado constituye un incumplimiento legal, y expresó confianza en que la justicia respaldará la medida. Las autoridades instan al cumplimiento voluntario para evitar intervenciones, priorizando la atención inmediata de las denuncias y reforzando los mecanismos de control en todo el país.
“Existe el principio de presunción de legalidad del decreto, lo que significa que el salario vital debe pagarse mientras el Consejo de Estado se pronuncia de manera definitiva. No hacerlo constituye un incumplimiento legal”.
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo
“Estamos absolutamente seguros de que este salario es un derecho adquirido y que será respaldado por la justicia”.
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo
