El gobierno del presidente Gustavo Petro anunció este salario mínimo para 2026 en la cifra de dos millones de pesos, lo que representa un aumento superior al 23 por ciento respecto al de 2025 y un incremento del 18,7 por ciento en términos reales. Esta medida, impulsada por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, se enmarca en la aplicación del artículo 53 de la Constitución Política de Colombia y los compromisos con la Organización Internacional del Trabajo, con el objetivo de garantizar justicia social y dignidad laboral para los cerca de 2,4 millones de trabajadores que perciben este salario en el país. Sin embargo, la decisión ha generado fuertes críticas de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), liderada por Bruce Mac Master, y de Cotelco, cuyo presidente José Andrés Duarte alertó sobre los riesgos en inflación, empleo, costos sectoriales y finanzas públicas.
Se trata de la primera aplicación efectiva del concepto de salario vital y móvil, establecido en la Constitución de 1991 hace 34 años, en un contexto de emergencia económica declarada por el Gobierno nacional. El anuncio llega sin la concertación tripartita en la Comisión de Concertación Salarial, lo que ha sido cuestionado por el sector empresarial, que denuncia una decisión unilateral. Cabe destacar que este salario duplica el de 2022, que era de un millón de pesos, y cada uno por ciento de incremento genera un gasto público adicional de 400 mil millones de pesos. Además, desde julio de 2026 entrará en vigor la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales, y el sector hotelero enfrentará una sobretasa en energía del 20 por ciento desde 2025.
Reacciones del Gobierno y el sector privado
El ministro Sanguino defendió la medida destacando su impacto positivo en los ingresos reales de los trabajadores, en medio de un panorama donde el sector hotelero, que opera las 24 horas del día y los siete días de la semana, reporta que el 70 por ciento de sus empleados son operativos en salario mínimo. Según datos del Dane, este sector ya enfrenta mayores gastos en gas y ingresos reales negativos, agravados por la reducción de jornada y la sobretasa energética, lo que podría impactar significativamente su estructura de costos.
«por fin, después de 34 años de expedida la Constitución Política de Colombia, aplicamos el concepto del salario vital y móvil que está establecido en el artículo 53 de la Constitución Nacional»
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo
«en términos reales, el trabajador va a aumentar sus ingresos reales en un dieciocho punto siete por ciento»
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo
Por su parte, la Andi expresó preocupación por los grandes riesgos para los hogares y la economía colombiana, especialmente en inflación, precios de bienes y servicios, empleo y finanzas públicas, al tiempo que lamentó la falta de participación en la definición del salario mínimo. Cotelco, a su vez, subrayó el impacto desproporcionado en su sector.
«se generan grandes riesgos para los hogares y la economía colombiana especialmente sobre la inflación y los precios de múltiples bienes y servicios, el empleo, y hasta las finanzas públicas»
Andi
«La falta de participación desde el Gobierno hacia los generadores de empleo se ha extendido hasta la definición del salario mínimo para el próximo año»
Andi
«el Gobierno nacional ha decidido en forma unilateral cambiar el concepto de remuneración mínima introduciendo la idea de un ingreso mínimo vital que, evidentemente, no es producto de una conversación de toda nuestra sociedad en forma abierta, profunda y democrática, como deben ser las conversaciones en democracia»
Andi
«un incremento superior al 23% va a terminar impactando de una manera muy significativa la estructura de costos en nuestro sector»
José Andrés Duarte, presidente de Cotelco
Este anuncio marca un hito en la política laboral del país, pero tensiona las relaciones entre el Gobierno y los empresarios, en un momento clave para la reactivación económica y el equilibrio fiscal en Colombia.
