El Gobierno nacional, a través del ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha anunciado que apelará el fallo del Juzgado 34 de Familia de Bogotá que ordena suspender temporalmente las operaciones aéreos ofensivas en zonas donde se sospeche, de manera “cierta, objetiva o razonablemente verificable”, la presencia de menores de edad reclutados por grupos armados. La decisión judicial, que responde a una acción de tutela presentada por Ower Jimmy Borda Parra como agente oficioso de los menores, busca proteger a los niños y niñas que son víctimas de reclutamiento forzado, una práctica que el propio Gobierno reconoce como un fenómeno presente en el conflicto armado colombiano. Sin embargo, la administración de Gustavo Petro considera que la medida es ambigua y que, en la práctica, otorgaría una especie de «inmunidad territorial» a los grupos criminales.
La controversia se intensifica por el contexto del fallo, que llega tras la Operación Amón, ejecutada el pasado 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, donde un bombardeo de la fuerza pública derivó en la muerte de tres menores de edad. Este trágico suceso ha generado un fuerte debate nacional y llevó a la congresista Jennifer Pedraza a solicitar un debate de control político al ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora López, y al director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos. La decisión del juzgado instruye a la Presidencia, al Ministerio de Defensa, al Comando General de las Fuerzas Militares, al Ejército, a la Fuerza Aérea Colombiana y a la Armada Nacional a abstenerse de realizar bombardeos hasta que se adopten y verifiquen las “medidas de precaución y protección necesarias” para salvaguardar la vida de los menores.
Gobierno critica ambigüedad del fallo judicial
En su declaración, el ministro Lara fue enfático al señalar que, si bien el Gobierno comparte el objetivo de proteger a los menores, la redacción del fallo resulta inaplicable en el contexto del conflicto. “¿Qué significa, en términos operacionales, “razonablemente verificable”? ¿Un indicio? ¿Una fuente? En ese supuesto todo es plausible. En un conflicto en el que los grupos armados reclutan y utilizan criminalmente a menores de edad, un estándar tan abierto termina haciendo materialmente imposible el empleo de bombardeos aéreos”, cuestionó el funcionario. Lara añadió que convertir el reclutamiento criminal de niños en un mecanismo que termine otorgándoles inmunidad a los narcoterroristas es un “incentivo perverso y peligrosísimo”, y calificó el fallo de “absurdo e inconstitucional”.
«Los menores deben ser protegidos con el máximo rigor. Y así lo viene haciendo y lo hará este gobierno. Pero convertir su reclutamiento criminal en un mecanismo que termine otorgándoles inmunidad territorial a los narcoterroristas, termina siendo un incentivo perverso y peligrosísimo»
Rodrigo Lara, ministro del Interior
El Gobierno, que asegura cumplir con la protección de los menores, se ve ahora en la encrucijada de mantener la lucha contra los grupos armados, que utilizan a los niños como escudos humanos, mientras busca no repetir tragedias como la de Guaviare. La apelación presentada por el Ejecutivo definirá si la orden judicial se mantiene o si se permite continuar con las operaciones ofensivas bajo un marco de verificación más estricto, un debate que expone la complejidad de la guerra en Colombia y sus costos humanitarios.
