El gobierno de Colombia, bajo la presidencia de Gustavo Petro, autorizó mediante el Decreto 1478 del 30 de diciembre de 2025 la emisión de Títulos de Tesorería (TES) por un valor de hasta 152 billones de pesos para financiar el Presupuesto General de la Nación del año 2026, al tiempo que dispuso un recorte presupuestal de 16,2 billones de pesos para el presupuesto de 2025 a través del Decreto 1484 del 31 de diciembre de 2025. Esta medida responde a severas restricciones fiscales, un bajo saldo en caja de apenas 1,4 billones de pesos registrado al 5 de diciembre de 2025, y un recaudo tributario insuficiente que alcanzó los 249,1 billones de pesos entre enero y octubre de 2025, superando en 25,6 billones la cifra del año anterior pero quedándose 7,9 billones por debajo del objetivo establecido por la DIAN.
La emisión de TES se desglosa en 85,2 billones de pesos en TES Clase B y 67 billones en operaciones temporales, con instrumentos que incluyen tasas fijas y variables, denominados en pesos, dólares o UVR, y con plazos que oscilan entre uno y diez años. Esta autorización se produce en un contexto de fracaso de la ley de financiamiento en el Congreso y un bajo nivel de caja al cierre de 2025, lo que obligó al Ejecutivo a recurrir a estas emisiones para evitar incumplir la regla fiscal. Adicionalmente, se destaca la reciente venta de TES por 6.000 millones de dólares, equivalentes a 23 billones de pesos, a la gestora estadounidense Pimco.
Impacto del recorte en sectores clave
El recorte presupuestal de 16,2 billones de pesos para 2025 incluye 12 billones derivados de la ley fallida y 4,2 billones adicionales, afectando directamente a entidades como la educación superior con una reducción de 1,38 billones de pesos, la Superintendencia de Notariado y Registro con 210.000 millones menos, y la Presidencia de la República con 122.000 millones recortados. Otras instituciones impactadas son el Instituto Nacional de Salud, el Invima, el Invías, la Agencia Nacional de Tierras y varias universidades públicas, lo que genera retrasos en proyectos de infraestructura, servicios de salud, programas sociales y provoca una mayor austeridad en el gasto público.
Estas decisiones marcan un cierre de año complicado para las finanzas nacionales, con el recaudo de 2025 que no alcanzó las metas proyectadas hasta noviembre, exacerbando las presiones fiscales y obligando al gobierno a priorizar el cumplimiento de la regla fiscal por encima de otras necesidades, en un panorama que podría prolongar los desafíos presupuestales hacia 2026.
