En medio de la sesión de la Comisión Legal de Paz del Congreso, celebrada el miércoles 14 de octubre, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y comisionado de paz encargado, Carlos Andrés Ríos, anunció que el Gobierno cerrará en un plazo de dos meses la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de Valle del Guamuez, en Putumayo, desconociendo así la medida cautelar emitida por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís, que ordenó suspender el desmonte por seis meses para preparar una salida con garantías para los excombatientes.
La decisión del Gobierno se fundamenta, según Ríos, en la falta de presupuesto para sostener dicha zona, que alberga a 58 excombatientes de los Comandos de la Frontera, vinculados a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, de los 99 que inicialmente llegaron a mediados de 2026 tras entregar sus armas en el marco de diálogos de paz que quedaron sin una ruta definida. El funcionario fue contundente en su declaración: “Es que yo no tengo la zona de ubicación temporal o no la quiero tener, no porque no la quiera tener, es porque no tengo el presupuesto para tenerla (…) ¿Cómo yo voy a cumplir esa tutela si no tengo plata para poderlo hacer? No la tengo”.
Un fallo que busca garantías
La tutela que suspendió el cierre fue presentada por 62 excombatientes y amparó sus derechos a la seguridad, integridad, libre desarrollo de la personalidad, reincorporación y tránsito a la vida civil. El juzgado ordenó a la Presidencia consolidar un plan institucional de cierre con la participación de entidades como la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), la Fiscalía, la Registraduría, Migración Colombia, los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección. Pese a ello, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo ya habían alertado sobre la falta de coordinación del plan, los riesgos de seguridad y la ausencia de condiciones para los traslados y la protección de los excombatientes.
El director del Dapre, sin embargo, calificó las acciones legales como una “instrumentalización” de los excombatientes y fue enfático en su postura: “Nos vamos a dar los dos meses no más (…) con todo el respeto que merece el Poder Judicial, nosotros no podemos permitir que los jueces los instrumentalicen para estos efectos”. Esta nueva resolución del Dapre fija el cierre para el 3 de diciembre de 2026, con una salida obligatoria antes del 30 de noviembre, lo que contradice abiertamente el plazo de seis meses ordenado por el juez.
“Es que yo no tengo la zona de ubicación temporal o no la quiero tener, no porque no la quiera tener, es porque no tengo el presupuesto para tenerla (…) ¿Cómo yo voy a cumplir esa tutela si no tengo plata para poderlo hacer? No la tengo”
Carlos Andrés Ríos, director del Dapre y comisionado de paz encargado
El fallo del Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís también menciona que quienes dejaron las armas buscan una vida “libre de zozobra, miedo, estigmatizaciones, amenazas y violencia”, y el juzgado concluyó que el plan de salida requería una mayor coordinación, señalando que entidades como la Fiscalía reportaron falta de documentación sobre las condiciones jurídicas, logísticas, operativas y de seguridad. Los excombatientes han manifestado temor a amenazas, estigmatización, reclutamiento por otros grupos armados o represalias si se cierra la zona sin garantías. Mientras tanto, el ministro de Justicia, Iván Cancino, al radicar el proyecto de ley de sometimiento, se refirió a estos excombatientes como “una primera muestra de la política de sometimiento” del Gobierno, en un contexto donde el ministro del Interior, Rodrigo Lara, también estuvo presente en la sesión. El Gobierno aún puede impugnar el fallo ante el Tribunal Superior de Mocoa, pero por ahora la tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial marca el destino de estos 58 hombres que esperan una salida digna.
