El Gobierno colombiano expidió el Decreto 0742 del 9 de julio de 2026, una norma histórica que, por primera vez, incorpora garantías laborales y sindicales obligatorias en los procesos de cierre de minas. La medida, articulada entre los ministerios del Trabajo, de Minas y Energía, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, transforma el cierre de operaciones mineras de un mero trámite técnico y ambiental a un procedimiento que protege los derechos de los trabajadores. La viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Milena Muñoz, destacó que el decreto marca un antes y un después en la protección de las y los trabajadores del sector, al convertir el cierre de una mina en un compromiso con la dignidad del trabajo, la concertación sindical y la protección del mínimo vital de miles de familias.
La nueva regulación establece un conjunto de obligaciones concretas para los titulares mineros, que deberán elaborar un censo y caracterización de todos los trabajadores, tanto directos como tercerizados. Asimismo, las empresas están obligadas a formular y ejecutar un plan que garantice el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes a la seguridad social. Se exigen exámenes médicos ocupacionales de egreso para todos los empleados y se otorga prioridad de contratación a los trabajadores cesantes en casos de sustitución patronal o nuevos proyectos mineros. Además, los titulares mineros deberán implementar programas gratuitos de reconversión laboral, formación y certificación de competencias, en coordinación con el Sena, y adelantar un diálogo social obligatorio con las organizaciones sindicales antes del cierre.
Diálogo social y reconversión laboral
La viceministra Sandra Milena Muñoz subrayó que la transición energética solo será legítima si garantiza justicia laboral y nuevas oportunidades para quienes han construido el desarrollo de los territorios. El decreto, enmarcado en la política de transición energética del Gobierno Petro, responde a un vacío histórico en la regulación previa, que se enfocaba exclusivamente en aspectos técnicos y ambientales sin abordar la protección laboral. El Ministerio del Trabajo, a través del Viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección, realizará inspecciones y emitirá conceptos sobre los planes de cierre, y se introduce la figura del cierre técnico gradual para la pequeña minería, con el objetivo de fomentar la diversificación económica y nuevas alternativas productivas.
«Este decreto marca un antes y un después en la protección de las y los trabajadores del sector minero. Por primera vez el cierre de una mina deja de ser únicamente un procedimiento técnico para convertirse también en un compromiso con la dignidad del trabajo, la concertación sindical y la protección del mínimo vital de miles de familias»
Sandra Milena Muñoz, viceministra de Relaciones Laborales e Inspección
Con esta norma, el Gobierno busca cerrar la brecha entre la regulación técnica y la realidad social de los trabajadores mineros, estableciendo un estándar integral que obliga a las empresas a planificar el fin de las operaciones con responsabilidad laboral. La medida representa un avance significativo en la protección de los derechos laborales en un sector históricamente vulnerable, y sienta un precedente para futuras regulaciones en el marco de la transición energética.
