El Gobierno Nacional, bajo el liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella, puso en marcha una estrategia sin precedentes para contener el crimen desde el interior de las prisiones. Se trata del plan Remas, acrónimo de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad, que contempla habilitar buques oficiales de la Armada Nacional como cárceles transitorias en altamar. El anuncio se hizo durante el consejo de seguridad celebrado el domingo 23 de agosto en Barranquilla, donde se definió que un grupo inicial de 40 internos de alta peligrosidad será trasladado a estas embarcaciones para cortar de raíz cualquier capacidad de extorsión, homicidio o narcotráfico desde la reclusión. El ministro de Defensa, Jorge Mora, explicó que la medida hace parte de un plan de choque integral para recuperar la seguridad en Barranquilla y su área metropolitana.
Las condiciones de reclusión en los buques serán drásticas. Los camarotes de las embarcaciones serán acondicionados como celdas de cuatro por cuatro metros, dotadas únicamente con una litera, sin televisión, radio ni ningún medio de comunicación. La rutina diaria iniciará con un conteo a las 5:00 de la mañana y los internos tendrán apenas 30 minutos de sol al aire libre, siempre esposados y con chalecos antibalas según su nivel de peligrosidad. Las visitas serán mensuales y estarán sujetas a rigurosas requisas. Además, los reclusos deberán limpiar sus propios espacios y consumir la misma alimentación que la tripulación. Como parte del régimen, cada interno podrá tener solo 16 elementos de aseo y un único libro permitido, lo que evidencia el carácter extremo del aislamiento.
Refuerzo de seguridad y contexto regional
La estrategia Remas no actúa de manera aislada. Durante el consejo de seguridad se anunció la incorporación de 2.000 nuevos policías graduados en investigación criminal e inteligencia, así como el despliegue de 50 hombres de Fuerzas Especiales del Ejército y 60 uniformados adicionales para los corredores estratégicos del Atlántico. La operación de inhibidores de señal en las cárceles será transferida a la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los operadores móviles. Todo esto se complementará con un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación para atacar las redes criminales desde la raíz. Las cifras respaldan la urgencia de la medida: de más de 3.000 denuncias por extorsión registradas, el 12 por ciento corresponde a llamadas originadas desde centros penitenciarios.
«Aquí iniciamos, a partir de hoy, un plan de choque donde de manera articulada toda la institucionalidad nos vamos a comprometer a recuperar a Barranquilla y su área metropolitana»
Jorge Mora, Ministro de Defensa
El traslado de los primeros 40 internos responde a una evaluación inicial que incluye a cabecillas señalados de integrar bandas como Los Costeños y Los Pepes, entre ellos alias el Miquito, el Gordo Pan, el Lobo y el Gamo. Las autoridades no descartan ampliar el perfil de los reclusos a narcotraficantes, jefes de microtráfico y otros presos con demostrada capacidad de comunicación criminal, con la intención de que el programa no se limite únicamente a quienes delinquen desde las cárceles de Barranquilla. Esta medida recuerda el antecedente de 2007, cuando los narcotraficantes Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y Diego Fernando Montoya, alias Don Diego, fueron recluidos temporalmente en fragatas de la Armada durante 47 días en aguas del Caribe. En aquella ocasión, la fragata utilizada había sido entregada a la Armada en 1983, con capacidad de velocidad de 50 kilómetros por hora y un arsenal compuesto por ocho misiles, cuatro ametralladoras, un cañón de 76 milímetros y seis torpedos. Por ahora, ningún preso ha sido enviado bajo el esquema Remas, pero el Gobierno asegura que el plan ya está en marcha y que su implementación será progresiva.
