El gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, anunció la firma de un convenio con la Universidad de Antioquia y el Instituto Nacional de Salud para la construcción, dotación y puesta en marcha de una nueva planta pública dedicada a la producción de medicamentos esenciales en Medellín, Antioquia. La iniciativa, que se ejecutará durante siete años en el campus de El Carmen de Viboral, cuenta con una inversión total de 423.613 millones de pesos, de los cuales 350.000 millones serán aportados por el Ministerio hasta 2032, mientras que la Universidad de Antioquia contribuirá con el terreno, la infraestructura existente y su capacidad académica y científica.
Este proyecto representa un avance clave en la implementación del Conpes 4170 sobre Soberanía Sanitaria 2026-2035, con el objetivo de reducir la dependencia externa en medicamentos prioritarios para la salud pública del país. El ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, destacó que se trata de «recursos históricos para fortalecer la producción pública de medicamentos en Colombia», enfatizando no solo la mejora en el acceso a tratamientos para los colombianos, sino también la reducción de la vulnerabilidad frente a suministros extranjeros.
Contexto de la planta actual y controversias recientes
La nueva planta no reemplazará la existente de la Universidad de Antioquia en Medellín, que acumula más de tres décadas de experiencia en la fabricación de medicamentos para malaria, VIH y patologías desatendidas, y que ha sido confirmada como proveedora oficial de la Organización Panamericana de la Salud por Claudia Marcela Vargas Peláez, directora de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio. Sin embargo, el anuncio se da en medio de tensiones, ya que el 18 de febrero de 2026, Pacientes Colombia, respaldada por 202 asociaciones, presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el ministro Jaramillo por presunto fraude a resoluciones judiciales e incumplimiento de la Sentencia T-760 de 2008. Esta acción está vinculada a la muerte del niño Kevin Acosta, de siete años, quien esperaba tratamiento para hemofilia, y alega omisiones en actos administrativos, pagos insuficientes o tardíos, y la Unidad de Pago por Capitación sin estudios técnicos, solicitando medidas cautelares y la suspensión temporal de funciones del ministro en temas de UPC y giros de recursos.
«Lo que está en juego no es una discusión técnica aislada, sino la vida y la continuidad de los tratamientos de los pacientes de todo el país»
Denis Silva, vocero y líder de Pacientes Colombia
La iniciativa busca fortalecer la soberanía sanitaria nacional en un momento crítico, donde la producción local de medicamentos esenciales podría mitigar riesgos de desabastecimiento y mejorar el acceso equitativo a tratamientos vitales, aunque persisten las demandas de pacientes por un cumplimiento efectivo de las obligaciones judiciales y administrativas pendientes.
