El Gobierno colombiano formalizó en febrero de 2026 la creación de una Zona de Ubicación Temporal en el municipio de Valle del Guamuez, Putumayo, destinada a acoger a cien integrantes desarmados de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. La medida, acordada en mayo de 2025, incluye una suspensión temporal y focalizada de operaciones militares ofensivas en un perímetro de aproximadamente doce kilómetros, distante del casco urbano, como primer paso para facilitar el tránsito a la vida civil y avanzar hacia un acuerdo de paz bajo control estatal e internacional.
Los integrantes que ingresan a la zona lo hacen sin armas ni uniformes, y depositan su armamento bajo supervisión del Mecanismo de Monitoreo y Verificación liderado por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, para su posterior destrucción. Quienes se acogen a este proceso están sujetos al Código Penal y a la legislación vigente, y permanecen bajo el control de la Policía Nacional o de la Unidad Nacional de Protección, sin contacto con la población civil, según explicó Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno para las conversaciones de paz.
Sin impacto electoral ni repetición de experiencias fallidas
Novoa rechazó de manera tajante las críticas que han surgido en sectores políticos y sociales sobre un posible impacto de la zona en el proceso electoral. “Eso es una afirmación efectista cuyo contenido no corresponde a la realidad”, afirmó, al tiempo que subrayó que la ubicación alejada de centros poblados excluye cualquier incidencia en los resultados electorales. El jefe negociador también se refirió a las comparaciones con experiencias pasadas: “Esto no es un Caguán o una Cárcel de la Catedral. Los hombres que ingresan allí dejan sus armas; es una zona distante del casco urbano y quienes están allá no tienen contacto con las comunidades”.
«Esto no es un Caguán o una Cárcel de la Catedral. Los hombres que ingresan allí dejan sus armas; es una zona distante del casco urbano y quienes están allá no tienen contacto con las comunidades.»
Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno para las conversaciones de paz
El grupo armado, cuyo líder detenido es Andrés Rojas, alias ‘Araña’, ha sido uno de los actores clave en la violencia en la región. Sobre este cabecilla, Novoa señaló que “el proceso de paz que adelantamos busca desmontar esa estructura de poder en el territorio y lo hacemos mediante el diálogo, el compromiso para el desescalamiento de las economías ilegales y la renuncia a la violencia”. En ese contexto, la Zona de Ubicación Temporal representa un giro en la estrategia gubernamental, que combina el diálogo con la presión sobre las economías ilícitas.
Las cifras oficiales indican que durante 2024 y 2025 se logró una reducción del cincuenta por ciento en la tasa de homicidios en Putumayo y Nariño, en gran parte gracias a operativos que llevaron a la destrucción de quince toneladas de material explosivo en noviembre de 2025. Estos resultados, según fuentes gubernamentales, muestran que la combinación de acción militar y diálogo puede ser efectiva para disminuir la violencia en una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado.
El marco legal que ampara esta iniciativa incluye la Ley 1908 de 2018 para desarme colectivo y la Ley de Paz Total, que permite la suspensión de órdenes de captura, aunque se excluye a los solicitados en extradición. En el grupo inicial de cien integrantes no hay casos de extradición, según confirmó Novoa. La Fiscalía General verificará a cada uno de los desarmados para garantizar el cumplimiento de la ley. Así, el Gobierno busca avanzar antes del fin del mandato actual hacia una región con menor presencia armada y mayor reintegración social en Putumayo, en un proceso que promete ser monitoreado de cerca por la comunidad internacional y la sociedad civil.
