El Gobierno nacional, a través del ministro del Interior Armando Benedetti y el presidente Gustavo Petro, estableció un plazo hasta el próximo miércoles 11 de febrero para que la Corte Constitucional reactive la emergencia económica declarada previamente, con el fin de financiar la atención a la calamidad pública causada por las intensas lluvias en varias regiones del país. De no pronunciarse la Corte en ese tiempo, el Ejecutivo emitirá un nuevo decreto que incluirá un impuesto al patrimonio dirigido a grandes empresas con patrimonios superiores a 200.000 UVT, excluyendo a las pequeñas y medianas empresas, según lo anunciado por Benedetti y el ministro de Hacienda Germán Ávila durante declaraciones ante los medios en Montería, donde se realizó un consejo de ministros la noche del 9 de febrero.
El nuevo decreto impondría una tarifa del 0,6% para patrimonios superiores a 200.000 UVT, equivalentes a unos 10.000 millones de pesos, y del 1,2% para aquellos que superen las 600.000 UVT, alrededor de 30.000 millones de pesos, afectando aproximadamente a 15.000 empresas. Esta medida busca cubrir los costos de reconstrucción estimados en hasta 8 billones de pesos y atender el faltante presupuestal de la Política de Gasto y Nivelación (PGN) para 2026, que asciende a 16,3 billones de pesos, priorizando la atención humanitaria y la reconstrucción en las zonas más afectadas por las lluvias.
Advertencias directas del Gobierno
“Está en manos de ella los recursos para financiar esta emergencia. Que es una calamidad pública”
Armando Benedetti, Ministro del Interior
“El presidente dijo, palabras de él, si no estoy mal, que era mañana, si no, la Corte no se pronunciaba de aquí a mañana”
Armando Benedetti, Ministro del Interior
“Tenemos un problema de tiempos pero también de decisiones de la Corte Constitucional”
Gustavo Petro, Presidente
“No podemos esperar mucho, mañana tendríamos que ver en qué momento se decreta la emergencia. O ver si ellos pueden levantar o no. Si no se puede, tendremos que hacer la convocatoria de todos los ministros, porque si falla uno, se cae”
Gustavo Petro, Presidente
Esta situación se enmarca en el contexto de la emergencia económica declarada en diciembre de 2025 para cubrir el faltante en la PGN de 2026, la cual fue suspendida provisionalmente por la Corte Constitucional debido a objeciones sobre el decreto original que incluía la reducción del umbral del impuesto al patrimonio y gravámenes adicionales a alcohol, tabaco y juegos de azar. La reactivación de estos recursos sería clave para enfrentar la crisis actual por lluvias, convirtiéndose en la cuarta emergencia económica en tres años, tras las declaradas en La Guajira en 2023, Catatumbo en 2025 y diciembre de 2025. El nuevo decreto no podrá repetir medidas previas, enfocándose exclusivamente en la prioridad humanitaria y de reconstrucción.
