El Gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó el pasado domingo la suspensión preventiva del desembolso de 38.724 millones de pesos que estaban postulados ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) para el pago de servicios del régimen subsidiado correspondientes a septiembre. La decisión se tomó luego de que la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) detectara múltiples inconsistencias en las postulaciones, lo que llevó al Ejecutivo a frenar el giro mientras se verifican los soportes presentados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y demás actores involucrados.
El cruce de información financiera realizado por la Supersalud evidenció que los valores postulados superaban las obligaciones contables registradas, que se realizaron postulaciones a terceros sin deudas reconocidas y que existían variaciones significativas frente a los promedios mensuales reportados durante 2026. Además, se identificaron debilidades en los controles de las EPS y una insuficiente trazabilidad documental de las obligaciones. Como resultado de estas pesquisas, 26 prestadores y proveedores fueron excluidos de manera temporal del giro directo, mientras se avanza en la comprobación de la existencia y el respaldo de las deudas.
Recursos de la salud no son de nadie
Miller Soto, vocero oficial de Presidencia, fue contundente al referirse a la medida adoptada por el gobierno departamental. “La plata de la salud no es de una EPS, no es de una clínica, no es de un intermediario, es de quien espera una cita, un medicamento o una cirugía”, afirmó Soto, quien además recalcó que la administración no iba a hacer de cuenta que 38.000 millones de pesos son un simple error de digitación. “Lo que no se demuestre, no se paga”, sentenció el funcionario, dejando claro que la suspensión es una acción preventiva para proteger los recursos del sistema de salud.
«La plata de la salud no es de una EPS, no es de una clínica, no es de un intermediario, es de quien espera una cita, un medicamento o una cirugía»
Miller Soto, Vocero oficial de Presidencia
La Adres había recibido las postulaciones por 38.724 millones de pesos correspondientes al régimen subsidiado, pero ante los hallazgos de la Supersalud, el Gobierno ordenó frenar el giro de manera preventiva. La medida se mantendrá hasta que las EPS y las instituciones involucradas aporten los documentos y soportes adicionales que permitan verificar la existencia de las obligaciones. La Supersalud continuará con la revisión y requerirá información adicional a las EPS y a las firmas contraloras, mientras mantiene una vigilancia constante sobre el flujo de recursos del sistema para identificar cualquier riesgo que pueda afectar la prestación de servicios de salud a la población.
