El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella avanza en la elaboración de un decreto que ordenaría el retiro forzoso de todos los servidores públicos que ya reciben pensión, sin modificar sus derechos pensionales, según reportes de medios y sindicatos. La medida, que aún no tiene fecha oficial de expedición ni ha sido divulgada públicamente, estaría siendo redactada en el Ejecutivo como parte de una estrategia de relevo generacional y recorte del gasto estatal. El impacto sería significativo en el sector docente, donde el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) reporta 245.914 docentes pensionados afiliados a su régimen especial, una cifra que representa un alto porcentaje de la nómina educativa del país.
El decreto, que se enmarca en la facultad presidencial para regular la administración pública, busca reducir el número de empleados que acumulan salario y pensión simultáneamente. La normativa vigente, específicamente la Ley 1821 de 2016, ya establece que la edad máxima para el retiro forzoso en cargos públicos es de 70 años. Dicha ley, en su artículo 1, es clara al señalar que «una vez cumplidos los setenta años, se causará el retiro inmediato del cargo que desempeñen sin que puedan ser reintegradas bajo ninguna circunstancia». Sin embargo, la opción voluntaria de permanecer hasta esa edad está contemplada siempre que el empleado informe a su empleador y se postergue el pago de la pensión, según el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Impacto en el magisterio y el precedente legal
La situación es particularmente sensible para los docentes. Quienes pertenecen al régimen del Decreto Ley 2277 de 1979 pueden pensionarse y continuar laborando hasta la edad de retiro forzoso, mientras que los del Decreto Ley 1278 de 2002, una vez retirados, inician el trámite de pensión. La posible aplicación del nuevo decreto generaría una ola de vacantes definitivas que, según la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015, deberían proveerse por mérito, aunque con posibilidad de encargos o nombramientos provisionales. Fecode, el sindicato de educadores, ha expresado su preocupación por el efecto en la cobertura educativa y la estabilidad laboral de los maestros.
La normativa que permite desvincular a un empleado público cuando obtiene la pensión de jubilación o vejez está respaldada por la Ley 797 de 2003 y la Ley 100 de 1993, que establecen que «constituye causal para desvincular a un empleado público el haber obtenido la pensión de jubilación o vejez, siempre y cuando además de la notificación del reconocimiento de la pensión, se le notifique debidamente su inclusión en la nómina de pensionados correspondiente», según el Concepto 139191 de 2023 de la Función Pública. La Corte Constitucional, en su Sentencia C-1037 de 2003, agregó una condición clave: no puede existir solución de continuidad entre la terminación de la relación laboral y la iniciación del pago efectivo de la mesada pensional. Es decir, el retiro debe ser simultáneo al inicio del pago de la pensión para evitar vacíos económicos al servidor.
«La edad máxima para el retiro del cargo de las personas que desempeñen funciones públicas será de setenta (70) años. Una vez cumplidos, se causará el retiro inmediato del cargo que desempeñen sin que puedan ser reintegradas bajo ninguna circunstancia»
Ley 1821 de 2016, artículo 1
El gobierno de Abelardo de la Espriella no ha dado a conocer aún el texto final del decreto, por lo que su impacto real dependerá de lo que se establezca en la normativa. El vicepresidente José Manuel Restrepo ha estado involucrado en las discusiones, y se espera que la medida incluya excepciones, como las previstas en el Decreto 222 de 2023, que contempla reintegros o no aplicación en ciertos cargos, aunque la lista no ha sido detallada. La estrategia de recorte del gasto estatal y apertura a nuevas generaciones encuentra sustento jurídico en el ordenamiento colombiano, pero también enfrenta desafíos prácticos, especialmente en el sector educativo, donde miles de docentes pensionados siguen activos. La incertidumbre persiste mientras los sindicatos se preparan para posibles movilizaciones y el país espera la publicación oficial del decreto.
