El proyecto plantea un alivio tributario para contratos y convenios vinculados con la atención de la emergencia
La medida cobijaría las cinco estampillas departamentales vigentes, que actualmente representan una carga conjunta del 8 % sobre los actos y contratos gravados y según el Gobierno calcula un costo fiscal de hasta $24.847 millones
El Gobierno de Caldas puso a consideración de la Asamblea Departamental el Proyecto de Ordenanza 054 de 2026, mediante el cual propone establecer beneficios tributarios transitorios con ocasión de la calamidad pública declarada por el sismo ocurrido el pasado 10 de agosto.
La iniciativa, firmada por el gobernador Henry Gutiérrez Ángel y el secretario de Hacienda, John Alexander Alzate Quiceno, plantea la exoneración de las estampillas departamentales que se generan sobre pagos a favor de los sujetos pasivos de contratos o convenios celebrados en el marco de la atención de la emergencia y cuya ejecución esté relacionada con las acciones de recuperación del territorio.
¿Qué son las estampillas y por qué se pagan?
Uno de los puntos que explica el proyecto es que las estampillas departamentales son tributos territoriales que pueden ser creados por los departamentos mediante ordenanza, dentro de las competencias que les otorga la Constitución y la ley.
En términos prácticos, se trata de un cobro que se genera sobre determinados actos, contratos o negocios jurídicos en los que interviene el departamento o determinadas entidades públicas. El proyecto recuerda que, en Caldas, las estampillas constituyen una renta propia del departamento y que los recursos obtenidos tienen destinaciones específicas establecidas en las normas que las crearon.
La iniciativa cita además jurisprudencia de la Corte Constitucional para señalar que estos tributos hacen parte de los ingresos propios de las entidades territoriales y que su recaudo debe destinarse a los fines establecidos legalmente.
¿Quiénes deben pagar las estampillas?
De acuerdo con el proyecto, son sujetos pasivos de las estampillas las personas naturales o jurídicas que, de manera directa o indirecta, contraten con el Departamento de Caldas, sus entidades descentralizadas, la Contraloría General de Caldas, la Asamblea Departamental u otras entidades públicas departamentales, según corresponda.
El documento señala además que el hecho generador está constituido por el pago a favor de los sujetos señalados en la norma, cuando se trate de los actos, contratos o convenios gravados.
Es decir, no se trata de un impuesto que paguen todos los ciudadanos de Caldas por el solo hecho de vivir en el departamento. Su aplicación está asociada a determinados actos y contratos sujetos al gravamen.
¿Cuánto se paga actualmente?
El proyecto hace un inventario de las estampillas actualmente vigentes en Caldas:
- Estampilla Pro-Cultura: 1 %.
- Estampilla Pro-Desarrollo: 1 %.
- Estampilla Pro-Hospitales Universitarios: 1 %.
- Estampilla Pro-Universidad: 2 %.
- Estampilla Pro-Adulto Mayor: 3 %.
En conjunto, estas estampillas representan actualmente una carga del 8 % sobre los actos y contratos gravados.
¿Qué quiere cambiar el Gobierno?
Aquí está el punto central del proyecto.
La administración departamental no propone eliminar las estampillas ni acabar con su cobro de manera permanente. Lo que plantea es establecer una exoneración tributaria transitoria para los contratos y convenios que estén relacionados con la atención de la calamidad pública ocasionada por el sismo del 10 de agosto de 2026.
La propuesta incluye también las adiciones, ampliaciones y prórrogas de esos contratos, siempre que se encuentren dentro del período de aplicación de la medida.
El argumento de la administración es que, si los contratos destinados a atender la emergencia quedan libres del pago de las estampillas, una mayor proporción de los recursos disponibles podrá dirigirse directamente a atención, rehabilitación y reconstrucción, en lugar de destinarse al pago de este gravamen.
¿Por cuánto tiempo?
El beneficio tendría carácter temporal. El proyecto establece que se aplicaría durante el término de la calamidad pública y, específicamente, hasta el vencimiento del plazo de seis meses establecido en la declaratoria.
También contempla que, si la declaratoria de calamidad pública es prorrogada, la exoneración pueda extenderse automáticamente dentro de los límites establecidos por la legislación nacional.
¿Cuánto dejaría de recibir el departamento?
Este es quizás el dato económico más relevante.
La Secretaría de Hacienda calcula que el impacto fiscal de la exoneración podría llegar a $24.847 millones. El cálculo parte de los recursos que, según el proyecto, podrían movilizarse para la reconstrucción y de la carga tributaria que actualmente representan las estampillas.
El proyecto identifica, entre otras posibles fuentes, recursos por $100.000 millones del FONPET, $116.585 millones de excedentes, $30.000 millones de reclamaciones a seguros y $64.000 millones correspondientes a excedentes de pensiones, para un total estimado de $310.585 millones. Sobre esa base aparece la estimación del impacto de la exoneración.
La decisión queda ahora en manos de la Asamblea
El alivio tributario todavía no está aprobado. Se trata del Proyecto de Ordenanza 054, presentado por el gobernador Henry Gutiérrez Ángel y el secretario de Hacienda, John Alexander Alzate Quiceno, para consideración de la Asamblea Departamental.
La iniciativa cuenta con conceptos favorables de Planeación, Hacienda, Jurídica y del Consejo Departamental de Política Fiscal, documentos que fueron incorporados al expediente del proyecto.
Así, lo que está proponiendo el Gobierno de Caldas es que los contratos que se requieran para atender y reconstruir las zonas afectadas por el terremoto no tengan que asumir temporalmente el 8 % que hoy pueden representar las estampillas departamentales, con un costo fiscal estimado de hasta $24.847 millones para el departamento.
Fuente: Prensa Gobernación de Caldas
