El Gobierno de Abelardo de la Espriella expidió por decreto el Presupuesto General de la Nación para 2027, por un valor de 634,9 billones de pesos, luego de que el Senado y la Cámara de Representantes no lograran conciliar sus diferencias sobre el artículo 65 antes del plazo legal del 20 de octubre. Así lo anunció el vicepresidente José Manuel Restrepo desde la Casa de Nariño, quien aclaró que «no ha sido ni hundido ni tumbado por nadie», sino que se trató de «un error de trámite en un artículo». El Gobierno retomará el texto aprobado en primer debate por las comisiones económicas conjuntas, con base en el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.
El nuevo presupuesto representa un aumento de 88 billones de pesos frente a los 546,9 billones asignados en 2026, pero su tramitación legislativa quedó marcada por la falta de conciliación entre las dos corporaciones. Honorio Henríquez, presidente del Senado, explicó que «el Senado aprobó, debatió, durante más de 10 horas y enviamos un texto», mientras que «la Cámara debatió y aprobó un artículo que no estaba en el texto, distinto». Esa discrepancia en el artículo 65, que según el senador derivó en versiones incompatibles, impidió que se sometiera a conciliación un texto unificado antes del vencimiento del plazo, dejando al país sin aprobación legislativa del presupuesto.
La vía del decreto y las advertencias de los expertos
El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo señaló que «la única vía jurídica que está abierta es que el presupuesto original se apruebe por decreto, pues el país no puede quedarse sin presupuesto». Además, advirtió que «insistir en que el presupuesto quedó aprobado por el Congreso abre el inmenso riesgo de que luego la Corte Constitucional lo declare inexequible». Por su parte, el presidente de Anif, José Ignacio López, calificó lo ocurrido como «un error procedimental en la aprobación del presupuesto» y sugirió que «el Gobierno debería decretarlo con base en lo acordado, dejar el artículo en discordia en la versión que se aprobó en Comisiones y que sea la Corte Constitucional la que decida sobre cómo enmendar el fallo». No obstante, López fue enfático al afirmar que «el presupuesto, en cualquiera de las versiones discutidas, no será ni financiable, ni viable», lo que pone en duda su sostenibilidad fiscal sin una ley de ajuste.
Desde el Congreso, el representante Óscar Benavides recordó que «como el Senado y la Cámara aprobaron textos diferentes, debían conciliar las versiones y someter el texto unificado a la aprobación de ambas corporaciones», y vinculó el retraso con recursos para inversión territorial, agua potable, hospitales y escuelas. «La plata es del pueblo y el pueblo merece respuestas», reclamó Benavides, pidiendo que las responsabilidades no se diluyan. Mientras tanto, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana alertó sobre los costos fiscales de los errores de trámite, señalando que el retorno al texto de primer debate deja por fuera partidas clave como el seguimiento trimestral a fondos extrapresupuestales, 3 billones de pesos para salud, 3 billones para asuntos energéticos relacionados con el fenómeno de El Niño, operaciones de deuda para generar ahorros, reorientación de recursos para atender el terremoto y reducción de partidas del servicio de la deuda aprobadas por las plenarias.
La reacción del sector privado y la ley de ajuste pendiente
María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, consideró que «será relevante conocer el contenido de la anunciada ley de ajuste, especialmente sus medidas para reducir el gasto administrativo no esencial, eliminar duplicidades, focalizar mejor los subsidios». Lacouture pidió que la ley de ajuste no afecte la inversión productiva ni la protección de los hogares vulnerables. En medio de este escenario, el Gobierno mantiene que el monto y la distribución estudiados en primer debate conservan vigencia, y que el decreto se expedirá para asegurar la continuidad del funcionamiento del Estado. Sin embargo, la falta de consenso y las advertencias sobre la viabilidad fiscal del presupuesto dejan abierto un frente de discusión que deberá resolverse en los próximos meses.
«El Gobierno, con base en el artículo 59 del estatuto orgánico de presupuesto, debe acoger el texto que presentó y que se modificó en debate en las comisiones conjuntas económicas»
Honorio Henríquez, presidente del Senado
El país entró así en una fase de incertidumbre presupuestal, con un decreto que busca suplir la ausencia de una ley aprobada por el Congreso, pero que podría enfrentar impugnaciones constitucionales. Mientras tanto, analistas y gremios insisten en la necesidad de una reforma fiscal que garantice que el gasto público sea sostenible en el tiempo, más allá del monto del presupuesto. La pregunta que queda flotando es si el Gobierno logrará articular una ley de ajuste que calme a los mercados y garantice la ejecución de los recursos sin afectar la inversión social.
