El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella puso en marcha los preparativos para una ambiciosa reforma que busca reducir la estructura del Estado colombiano. Se trata de un proyecto que eliminaría, suprimiría o fusionaría 105 entidades públicas, pasando de las 209 actuales a apenas 104, con el objetivo de disminuir los gastos de funcionamiento y generar un ahorro estimado de al menos 8,6 billones de pesos. Para lograrlo, la administración solicitará al Congreso facultades extraordinarias por un período de seis meses, en el marco de la discusión de la Ley de Rescate Fiscal, la primera reforma tributaria del mandatario, según confirmaron fuentes del Ejecutivo.
De acuerdo con el proyecto, de 36 páginas, el artículo 7 de la Ley de Rescate Fiscal propone otorgar al presidente de la República facultades extraordinarias por seis meses para suprimir o fusionar ministerios y departamentos administrativos, modificar estructuras, reasignar funciones y ajustar plantas de personal. La iniciativa, que se discute en el Congreso de la República, requiere mayoría absoluta en ambas cámaras y constituye uno de los ejes centrales de la promesa de campaña de De la Espriella de reducir el Estado en un 40%. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ha sido mencionado como uno de los impulsores de la medida en el marco de la estrategia fiscal del gobierno.
Una reorganización profunda de la administración pública
En lo que respecta a la estructura ministerial, la reforma mantendría 18 carteras, aunque con movimientos significativos. Por un lado, se fusionarían los ministerios de Cultura y Deporte en una sola cartera, y lo mismo ocurriría con Educación y Ciencia. Por otro lado, se crearían dos nuevos ministerios: el de la Presidencia, Democracia, Convivencia y Gobernanza, que asumiría las funciones del Departamento Administrativo de la Presidencia; y el de Desarrollo Social, Inclusión, Ciudadanos y Familia, que recogería las responsabilidades del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), dos de las entidades más grandes del sector social.
Los departamentos administrativos también sufrirían una transformación considerable. Las seis estructuras actuales se concentrarían en dos: el Departamento Administrativo de Planeación, Inversión y Desarrollo Nacional, que reemplazaría al Departamento Nacional de Planeación (DNP), y el Departamento Administrativo de Información, Estadística y Evidencia Pública, que sustituiría al Dane. La iniciativa además permite suprimir empleos y vacantes, así como efectuar los cambios presupuestales derivados de la reorganización, lo que implicaría una redefinición de funciones en buena parte de la administración pública nacional.
La propuesta no implica una reducción del número de ministerios como tal, sino una recombinación de competencias: se fusionan carteras existentes y se crean otras nuevas para absorber funciones de entidades que desaparecen. El resultado neto, según ha trascendido, será una administración más ágil y con menos duplicidad de funciones, aunque el impacto laboral y presupuestal aún no ha sido cuantificado oficialmente y ya genera inquietud en los sindicatos del sector público.
El antecedente más cercano a esta iniciativa se remonta a febrero de 2003, cuando el gobierno de Álvaro Uribe reestructuró 465 entidades utilizando el mismo mecanismo de facultades extraordinarias. Ahora, De la Espriella retoma esa vía en medio de un fuerte debate sobre su constitucionalidad: el artículo 150 de la Constitución Política asigna al Congreso la definición de la estructura de la administración nacional, mientras que la solicitud de delegar estas funciones al Ejecutivo por seis meses representa un choque jurídico que será uno de los puntos más álgidos de la discusión legislativa. El gobierno confía en que la mayoría absoluta exigida en ambas cámaras le permita avanzar, pero la oposición ya anunció que revisará cada artículo del proyecto para defender las competencias del legislativo y evitar que la reorganización se convierta en un recorte encubierto de derechos laborales.
