El gobierno de Abelardo de la Espriella impulsa una reforma radical a la ley de Paz Total, con el objetivo de eliminar los beneficios judiciales y políticos que la administración anterior otorgó a grupos armados ilegales. El proyecto de ley, presentado por el representante aliado Simón Molina y respaldado por el ministro de Justicia, Iván Cancino, busca restringir las negociaciones con organizaciones criminales al exigir el sometimiento formal a la justicia ordinaria como único camino para acceder a cualquier beneficio. De esta forma, se pretende desmontar instrumentos como la suspensión de órdenes de captura sin un marco de sometimiento previo y el reconocimiento de estatus político a grupos que no tengan un origen político-militar comprobado, una medida que afecta directamente a organizaciones como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc.
Según la información revelada por Semana, la propuesta legislativa elimina la figura de la “ubicación temporal”, que permitía a cabecillas como Iván Mordisco, Calarcá o alias Chiquito Malo mantener zonas de concentración sin ser capturados. En su lugar, se establece que cualquier grupo de alto impacto deberá acogerse al proceso de sometimiento individual ante la Fiscalía, sin posibilidad de negociación política. El ministro Cancino será el encargado de ejecutar la suspensión de los beneficios otorgados a voceros de grupos armados en ciudades como Medellín, Buenaventura, Quibdó y Putumayo, donde se habían establecido espacios de diálogo bajo la administración anterior.
Un giro radical en la política de paz
La ley de Paz Total, impulsada por el expresidente Gustavo Petro, permitió a la Fiscalía suspender órdenes de captura sin exigir un marco de sometimiento previo, facilitando la creación de zonas de “ubicación temporal” y otorgando reconocimiento político a organizaciones como el Clan del Golfo. Sin embargo, el nuevo gobierno considera que esta política fue perjudicial para la seguridad y los derechos fundamentales, al extender beneficios a organizaciones criminales sin sustento legal suficiente. El giro en la estrategia de paz es radical: de la negociación política se pasa a la persecución judicial como eje central.
De aprobarse la reforma, se verían afectadas más de 200 personas vinculadas a grupos armados como el ELN, disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, cuyas órdenes de captura fueron suspendidas durante el gobierno de Petro. Además, el Ministerio de Justicia tiene a cargo 121 individuos que aún gozan de medidas vigentes hasta el primer semestre de 2026. La reforma anularía esos permisos y ordenaría la captura inmediata de los cabecillas, incluidos los líderes del ELN y los máximos jefes de las disidencias. El impacto se sentirá en regiones enteras del país, particularmente en el Pacífico y el sur de Colombia, donde el Estado había creado espacios de diálogo que ahora serán desmantelados.
