El Gobierno del presidente Gustavo Petro entregó al Congreso de la República una ambiciosa hoja de ruta que contempla 14 proyectos de ley para modernizar el sistema judicial colombiano, fruto de cuatro años de trabajo técnico y diálogo interinstitucional liderado por la Comisión Asesora para la Reforma a la Justicia (Carj). La ministra de Justicia y del Derecho encargada, Cielo Rusinque, fue la encargada de presentar públicamente esta iniciativa, destacando que el documento representa un esfuerzo por destrabar reformas históricas y construir un sistema judicial más humano, accesible y eficiente. La entrega se produce en un momento clave, a pocos días de la sucesión presidencial, con la intención explícita de que las propuestas trasciendan el actual periodo de gobierno y sirvan como base para futuros desarrollos legislativos.
La hoja de ruta fue elaborada por la Carj con la participación de diversas entidades del sector justicia, la academia y organizaciones de la sociedad civil, y contó con el acompañamiento del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (Ceja). Durante la presentación, Rusinque subrayó que «la justicia sólo puede llamarse pública cuando sea accesible a todas las personas», una declaración que resume el espíritu de las reformas propuestas. Los 14 proyectos de ley abordan una amplia gama de temas, que van desde la erradicación de violencias basadas en género hasta la modernización del sistema penal, pasando por la unificación del régimen procesal y el fortalecimiento de la justicia restaurativa.
Propuestas estructurales para el sistema judicial
Entre las iniciativas más destacadas se encuentra la no prescripción de las demandas de reparación directa por violaciones graves a los derechos humanos, una medida que busca garantizar justicia a las víctimas sin límites temporales. También se contempla la modificación de la Ley 54 de 1990, que regula los derechos patrimoniales en las uniones maritales de hecho, así como una reforma al arbitraje y la exigencia de motivación escrita para la remoción de funcionarios judiciales. Un punto especialmente relevante es la creación de un sistema de control jurisdiccional disciplinario para funcionarios de elección popular, lo que implicaría eliminar la facultad de la Procuraduría para destituir e inhabilitar a alcaldes y gobernadores, un cambio que ha generado amplio debate en el ámbito político y jurídico.
«Este informe constituye un elemento trascendental de diálogo y articulación en el plan decenal de justicia, los planes de desarrollo de la rama judicial y los planes de desarrollo de los próximos gobiernos»
Cielo Rusinque, ministra de Justicia y del Derecho (e)
La reforma también incluye la ampliación de la mediación en el proceso penal, una reforma laboral colectiva con protección sindical y el reconocimiento del derecho de huelga en el sector público, así como la creación de una nueva institucionalidad dentro de la Fiscalía General de la Nación, con direcciones especializadas y Centros Judiciales. La ministra encargada enfatizó que «la reforma a la justicia es un proceso permanente de diálogo plural, técnico e institucional que trasciende gobiernos. Es una cuestión de Estado», dejando claro que estos proyectos buscan servir como base para el plan decenal de justicia y los planes de desarrollo de los próximos gobiernos. Los textos completos de los 14 proyectos y el informe final estarán disponibles para consulta pública en el portal del Ministerio de Justicia, garantizando así la transparencia del proceso.
