Un nuevo capítulo en la controversia por la política de Paz Total se abrió en la noche del lunes 14 de septiembre, cuando el Gobierno de Abelardo de la Espriella denunció que la administración anterior, liderada por Gustavo Petro, destinó más de 7.000 millones de pesos al pago de honorarios para voceros, representantes y negociadores de las mesas de diálogo con grupos armados. La revelación, hecha por el vocero oficial Miller Soto, estuvo acompañada del anuncio de la terminación de al menos nueve procesos de negociación que estaban en curso, una decisión que marca un giro drástico en la estrategia de seguridad y paz del país.
Durante su declaración, Soto explicó que la información fue entregada por la propia administración anterior como parte del traspaso de cuentas, y precisó que la cifra millonaria corresponde exclusivamente a honorarios, sin incluir otros rubros como viáticos, esquemas de seguridad, zonas de ubicación o logística, cuyo valor total aún no ha sido establecido. El vocero no entregó un desglose de los pagos, ni el número de beneficiarios, los contratos suscritos o el período exacto al que corresponden los recursos, pero insistió en que se trata de dinero proveniente de los impuestos de los colombianos.
Una denuncia que pone en entredicho la gestión de los recursos
La denuncia tiene lugar en un contexto donde el nuevo Gobierno decidió poner fin a los espacios de diálogo con organizaciones armadas y estructuras criminales, tras revisar los gastos de la llamada Paz Total. Según Soto, la decisión de terminar estos procesos responde a la necesidad de reorientar la política de seguridad, pero también a la preocupación por el uso de fondos públicos en un esquema que, a su juicio, no arrojó los resultados esperados. «Los recursos destinados por el Estado a estos procesos, según la información entregada a este Gobierno durante la administración anterior, se pagaron más de 7.000 millones de pesos en honorarios para voceros, representantes y negociadores», afirmó el vocero en su intervención.
«Los recursos destinados por el Estado a estos procesos, según la información entregada a este Gobierno durante la administración anterior, se pagaron más de 7.000 millones de pesos en honorarios para voceros, representantes y negociadores»
Miller Soto, vocero del Gobierno de Abelardo de la Espriella
Las declaraciones del vocero generan interrogantes sobre la ejecución de la política de paz, especialmente porque el monto anunciado no incluye otros costos asociados a estas negociaciones que aún deben ser precisados. El Gobierno tampoco ha especificado qué ocurrirá con los procesos que quedan en curso, ni cómo se reestructurará la relación con los grupos armados a partir de la nueva estrategia. Mientras tanto, se espera que en los próximos días se entregue información adicional sobre los contratos y los beneficiarios de estos pagos, así como sobre el destino de las zonas de ubicación y los esquemas de seguridad que estaban asignados a los negociadores.
«O sea, recursos que también fueron financiados con los impuestos de los colombianos»
Miller Soto, vocero del Gobierno de Abelardo de la Espriella
La administración de Abelardo de la Espriella ha dejado claro que la rendición de cuentas será un eje central de su gestión, y esta denuncia podría ser solo la primera de una serie de revelaciones sobre el uso de los recursos en los procesos de diálogo. Por ahora, la ciudadanía espera conocer los detalles completos de estos pagos, mientras el debate sobre la efectividad y la transparencia de la Paz Total se intensifica en la opinión pública.
