En una jornada que marca un nuevo capítulo en la transición de poder en Colombia, el gobierno de Abelardo de la Espriella entregó formalmente a la Fiscalía General de la Nación el denominado “Libro de la Verdad”, un documento que recoge denuncias sobre presuntas irregularidades en la administración de Gustavo Petro. El acto, realizado el martes 18 de agosto en el búnker de la Fiscalía, estuvo encabezado por el presidente De la Espriella y su vicepresidente, José Manuel Restrepo, quienes pusieron en manos de la fiscal general Luz Adriana Camargo un informe que señala 785 contratos por un valor total de $83.000 millones celebrados en la Cancillería colombiana durante el gobierno saliente, firmados antes de la aplicación de la Ley de Garantías.
El documento, que forma parte del proceso de empalme entre administraciones, fue elaborado a partir de información recopilada mediante fuentes públicas como el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), derechos de petición y aportes voluntarios de funcionarios. Según explicó el vicepresidente Restrepo, el equipo de empalme encontró obstáculos para acceder directamente a los datos del gobierno anterior, lo que obligó a recurrir a estas vías alternativas. De los 126 casos iniciales recibidos y analizados, 59 fueron priorizados por su relevancia, abarcando contratos en la Cancillería que suman $83.000 millones, además de otros hallazgos como $8.500 millones destinados a sedes temporales con duración de 90 a 120 días.
Acusaciones y respuesta de la excanciller
José Manuel Restrepo, en su intervención, lanzó duras críticas contra la gestión de la excanciller Yolanda Villavicencio, a quien acusó de haber “degradado los requisitos para representar a Colombia en el exterior, incluida la eliminación del requisito del segundo idioma”. El vicepresidente calificó la situación como “el servicio exterior de la República convertido en botín de última hora”, en referencia a los contratos firmados antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías. Estas declaraciones provocaron una respuesta inmediata y contundente de Villavicencio, quien desde su cuenta en la red social X rechazó las acusaciones y advirtió sobre posibles consecuencias legales.
«Usted como abogado sabe que la injuria y la calumnia son delitos y no le saldrá barato, dañar el buen nombre. Miente con alevosía»
Yolanda Villavicencio, excanciller de Colombia
La excanciller también aclaró que durante el periodo de Ley de Garantías no se firmaron nuevos contratos, sino que se financiaron 105 proyectos de manera transparente mediante un proceso participativo, siendo los cónsules los ordenadores del gasto. Villavicencio aseguró que su gestión se rigió por la legalidad y advirtió que las acusaciones en su contra podrían derivar en acciones legales por injuria y calumnia.
Hallazgos y límites del informe
El “Libro de la Verdad”, que reúne más de 80 denuncias sobre presuntas irregularidades y corrupción identificadas durante el empalme, no solo se enfoca en los contratos de la Cancillería, sino que también cuestiona cambios en los requisitos para cargos diplomáticos, como la eliminación del segundo idioma, que según el gobierno entrante habría afectado la calidad de la representación colombiana en el exterior. Sin embargo, el presidente Abelardo de la Espriella fue enfático en aclarar que el informe tiene un propósito específico.
«Su propósito no es el de sustituir a la justicia, anticipar responsabilidades ni convertir los hallazgos en condenas»
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
Con la entrega del documento a la Fiscalía, el gobierno de De la Espriella busca que sean las autoridades competentes las que determinen las responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias que correspondan. Mientras tanto, la controversia política y legal alrededor de estos señalamientos promete mantenerse en el centro del debate público, con la excanciller Villavicencio defendiendo su gestión y advirtiendo que no permitirá lo que considera un ataque a su buen nombre. El empalme, que inició con dificultades para acceder a la información oficial, ha terminado por convertirse en un escenario de confrontación directa entre las dos administraciones.
