El Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de representantes del Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, presentó ante el Consejo de Estado un recurso de súplica para revocar la suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025, que fija un aumento del 23 por ciento, o 23,7 por ciento según algunas estimaciones, en el salario mínimo para 2026, elevándolo a 1.750.905 pesos más un subsidio de transporte de 249.095 pesos. Este recurso de 28 páginas fue radicado un día antes de las marchas convocadas por el propio presidente, en respuesta a la decisión del magistrado ponente Juan Camilo Morales del Consejo de Estado, emitida el 13 de febrero, que suspendió el decreto firmado a finales de diciembre de 2025 por considerar que carecía de justificación técnica conforme a la Ley 278 de 1996.
La medida cautelar del Consejo de Estado también admitió una demanda de nulidad contra el decreto, generando incertidumbre entre los trabajadores y afectando programas sociales, mientras se mantiene vigente el salario mínimo actual de 1.750.905 pesos más el auxilio de transporte. El recurso gubernamental impugna la providencia por exceder los límites de una medida provisional, argumentando un desconocimiento del artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Cpaca).
Argumentos del Gobierno contra la suspensión
En el documento, los representantes del Gobierno sostienen que la suspensión no se limitó a un juicio provisional para preservar la eficacia de la sentencia, sino que adoptó una intensidad máxima que reconfiguró transitoriamente el régimen jurídico del salario mínimo, generando efectos materiales equivalentes a un pronunciamiento anticipado sobre el fondo del litigio. Este contexto surge tras el fracaso de las negociaciones en la mesa de concertación salarial entre sindicatos y empresarios, donde no se logró un consenso, lo que llevó al Ejecutivo a decretar unilateralmente el aumento.
“el auto no se restringió a un juicio provisional orientado a preservar la eficacia de la sentencia, sino que adoptó una medida de máxima intensidad que reconfigura transitoriamente el régimen jurídico del salario mínimo, produciendo efectos materiales equivalentes a un pronunciamiento anticipado sobre el fondo del litigio”
Representantes del Gobierno en el recurso de súplica
La suspensión del Consejo de Estado se basó en la insuficiente consideración de factores como la inflación, la productividad y el crecimiento económico, exigidos por la Ley 278 de 1996. Ahora, con este recurso de súplica, el Gobierno busca revertir la decisión y restablecer el decreto, en medio de un clima de tensión social previo a las manifestaciones anunciadas, mientras miles de trabajadores aguardan resolución que impactará directamente su poder adquisitivo y la estabilidad de diversos programas sociales en el país.
