El Gobierno de Colombia ha declarado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en ocho departamentos de la región Caribe, afectados por lluvias atípicas que han impactado a cientos de miles de personas y más de cien mil familias, según un decreto reciente que se encuentra pendiente de revisión por la Corte Constitucional. La medida, impulsada con base en informes técnicos y datos históricos de este fenómeno climático excepcional, cuenta con el reconocimiento de expertos como José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro, y José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, quienes validan su sustento técnico sólido, aunque advierten sobre posibles excesos en el alcance y el monto de recursos asignados, estimados en cerca de ocho billones de pesos por el Ministerio de Hacienda, un salto significativo desde un cálculo previo de cero punto cinco billones.
Esta declaratoria surge en un contexto donde un decreto anterior de emergencia económica por desastre natural aún está bajo evaluación de la Corte Constitucional, que analizará aspectos como la proporcionalidad, conexidad y alcance de la norma. Las afectaciones incluyen no solo las precipitaciones intensas, sino también fallas en el ordenamiento territorial y el sector energético, dejando cerca de 300.000 hectáreas improductivas en el sector ganadero, lo que ha llevado a la instalación de un puesto de mando unificado para atender la tragedia.
Expertos validan causal pero cuestionan montos y motivaciones
José Manuel Restrepo ha destacado la evidencia clara de un hecho sobreviniente y excepcional, subrayando el incremento de las precipitaciones y las afectaciones a más de cien mil familias, lo que da una sensación de causalidad justificada para la declaratoria. Sin embargo, cuestiona la desproporción en las cifras presupuestarias y advierte sobre el riesgo de que esta emergencia se utilice para disfrazar una reforma tributaria.
“Tal vez lo primero es que este decreto tiene unas causales quizá más evidentes de un hecho sobreviniente y excepcional, sobre todo por el incremento de las precipitaciones y las afectaciones a más de cien mil familias”
José Manuel Restrepo, rector Universidad EIA y exministro
“Si lo que anunciara el ministro es cierto, me parece que es una cifra desproporcionada (…) ¿Por qué de un momento para otro saltamos de cero punto cinco a ocho billones de pesos? No vaya y sea que nos estén disfrazando de una emergencia natural, una reforma tributaria”
José Manuel Restrepo, rector Universidad EIA y exministro
Por su parte, José Félix Lafaurie respalda la medida para el sector ganadero, siempre que se garantice una estructura institucional sólida que dirija los recursos a las necesidades reales de la zona, incluyendo el involucramiento del sistema financiero en la crisis rural, reconociendo que aquí hay un desastre que amerita acciones de esta naturaleza.
“Creo que en esta ocasión sí (…) una medida de esta naturaleza, si tiene una estructura institucional que garantice que los recursos (…) vayan a satisfacer las necesidades que se van a requerir en esta zona. Aquí hay un desastre y medidas de esta naturaleza el sector ganadero sí lo apoyaría”
José Félix Lafaurie, presidente Fedegán
La Corte Constitucional será clave en determinar si esta declaratoria equilibra los temas coyunturales del desastre con posibles estructurales, evitando mezclas que diluyan su propósito original, mientras el país monitorea el despliegue de estos recursos en medio de un fenómeno climático que exige respuestas rápidas y transparentes.
