El presidente Gustavo Petro decretó este sábado la emergencia económica en Colombia mediante el Decreto 1390, una medida impulsada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y respaldada por el Consejo de Ministros, para enfrentar un hueco fiscal de 16,3 billones de pesos en el presupuesto de 2026, derivado del fracaso de la última reforma tributaria rechazada por el Congreso. Anunciada el 19 de diciembre y oficializada el 22, esta declaratoria permite la emisión directa de Títulos de Tesorería (TES) por 23 billones de pesos a la gestora Pimco, con plazos entre 2029 y 2040 y tasas de interés cercanas al 13 por ciento, además de nuevos impuestos y la normalización de activos.
La emergencia busca cubrir el déficit fiscal que alcanza el 6,7 por ciento del PIB en 2024 y se proyecta en 7,1 por ciento para 2025, en un contexto donde el presupuesto inicial de 2026 era de 557 billones de pesos pero se aprobó en 547,9 billones. Entre las medidas destacan un impuesto al patrimonio con umbral reducido de 3.600 millones a 2.000 millones de pesos, tarifas del 0,5 al 5 por ciento que recaudarían 1,7 billones, la normalización de activos por 613.600 millones y una sobretasa a la renta financiera del 5 al 15 por ciento que generaría 1,2 billones adicionales. Todo ello implica la eliminación de restricciones de la regla fiscal para normalizar la situación presupuestal.
Contexto de crisis fiscal y rechazos legislativos
Esta decisión surge de una deuda acumulada por los gastos de la pandemia, políticas sociales expansivas y el fracaso sucesivo de reformas tributarias en el Congreso: una de 12 billones, otra de 26 y la última de 16,3 billones. El ministro Ávila calificó la postura legislativa como una “trampa”, mientras expertos señalan que desde octubre se sabía que los impuestos esperados no alcanzarían para financiar el Presupuesto General de la Nación.
“Se sabe, desde octubre, que los impuestos que se espera recaudar no van a alcanzar, junto con las demás fuentes de financiación para cubrir el Presupuesto General de la Nación. Es posible que el Gobierno nacional obtenga recursos adicionales en tanto la Corte analiza los decretos emitidos y declara su inexequibilidad. Pero las perspectivas de recaudo no parecen las mejores”
Jaime Vargas, socio de Impuestos en Cuatrecasas
La medida ha generado críticas de exministros, constitucionalistas, la Contraloría y el partido Cambio Radical, quienes cuestionan la falta de austeridad y argumentan que la crisis no es sobreviniente ni inesperada, violando requisitos constitucionales. La revisión por la Corte Constitucional está pospuesta hasta el 10 de enero de 2025, en momentos en que el próximo gobierno asumirá el 7 de agosto de 2026, dejando un panorama incierto para la sostenibilidad fiscal del país.
