El Gobierno de Colombia, bajo la dirección del presidente Gustavo Petro, decretó este jueves aportes extraordinarios equivalentes al 2% de las ventas brutas de las empresas generadoras de energía hidroeléctrica y térmica durante seis meses, con el fin de financiar la recuperación de la emergencia ambiental provocada por el mal clima. La medida fue anunciada durante el Consejo de Ministros por la ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible y directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Irene Vélez, quien enfatizó la urgencia de actuar ante los niveles críticos de las represas, que oscilan entre el 95% y el 100% de su capacidad, con algunas superando incluso la curva máxima.
El decreto obliga a estas empresas a transferir ese porcentaje adicional de manera exclusiva a fondos destinados a proyectos de recuperación ambiental y mitigación, gestionados por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) bajo lineamientos técnicos que el Ministerio de Ambiente emitirá en un plazo de 15 días. La iniciativa prioriza zonas como Córdoba y otras áreas afectadas por la emergencia económica, social y ambiental, donde el exceso de agua amenaza comunidades aguas abajo y requiere acciones inmediatas como estudios de vacío en represas y análisis de eventos extremos.
Medidas integrales para enfrentar la crisis
El plan incluye tres paquetes de medidas clave: acciones directas en las represas con remoción de diques precedida de estudios técnicos, modelación y ordenamiento del agua para una gestión eficiente, y permisos excepcionales para proyectos de agua y saneamiento. Estos fondos no se mezclarán con otras partidas presupuestarias y su ejecución estará sujeta a estrictos lineamientos del Ministerio, con coordinación interjurisdiccional entre las CAR y autoridades ambientales, así como interinstitucional con sectores como Defensa y Agricultura para una respuesta unificada.
“La prioridad es cuidar la vida aguas abajo”
Irene Vélez, ministra encargada de Ambiente y directora de la Anla
El presidente Petro reiteró la necesidad de decisiones rápidas y coordinadas para proteger la vida en los territorios vulnerables, subrayando que esta emergencia por mal clima exige una acción colectiva que salvaguarde tanto la infraestructura hidroeléctrica como las comunidades ribereñas, en un contexto donde los niveles críticos de las represas demandan intervenciones preventivas y sostenibles.
