El gobierno nacional de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro y con el ministro del Trabajo Antonio Sanguino a la cabeza, decretó este 29 de diciembre el salario mínimo mensual para 2026 en 1.750.905 pesos, más un auxilio de transporte de 249.095 pesos, lo que suma un ingreso mínimo total de 2.000.000 pesos mensuales a partir del 1 de enero de 2026. Esta medida se tomó tras la falta de consenso en la mesa de concertación, donde las centrales obreras demandaban un aumento del 16 por ciento y los empresarios proponían el 7,21 por ciento, optando el Ejecutivo por un incremento nominal del 23,7 por ciento, que representa un 18,7 por ciento real al descontar la inflación.
El decreto presidencial se basa en el concepto de salario mínimo vital establecido por la Organización Internacional del Trabajo, sirviendo como piso básico de remuneración conforme a los artículos 145 y 148 de la Constitución Política, que prohíben pagar por debajo de esta cifra. Sin embargo, la norma no obliga a los empleadores a ajustar automáticamente todos los salarios, dejando claro que esta actualización aplica directamente solo al mínimo legal, mientras que para otros casos el debate persiste sin resolución automática.
Implicaciones legales y excepciones al aumento
Entre las precisiones clave, el decreto no impone el alza a salarios superiores al salario mínimo legal mensual vigente, ni a los salarios integrales regulados por el artículo 132 de la Constitución, ni a contratos con cláusulas específicas ni a los de prestación de servicios según el artículo 23 constitucional. La Corte Suprema de Justicia ha pronunciado en varias ocasiones que el salario mínimo no indexa los sueldos generales, evitando así un efecto dominó en la estructura salarial de las empresas. El incumplimiento de este piso mínimo genera sanciones administrativas por parte del Ministerio del Trabajo, amparadas en la Ley 1610 de 2013.
«Gana más la familia, no solo el trabajador»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«un paso firme por la dignidad laboral y el bienestar de las familias»
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo
Esta decisión cierra un año de intensas negociaciones y reaviva el debate recurrente sobre la indexación salarial en el país, recordando que el salario mínimo busca garantizar la dignidad del trabajador y su familia, pero sin alterar por decreto los acuerdos laborales ya establecidos más allá del umbral básico.
