El Gobierno nacional de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro y con el ministro del Trabajo Antonio Sanguino a la cabeza, decretó este 29 de diciembre el salario mínimo mensual legal vigente para 2026 en 1.750.905 pesos, más un auxilio de transporte de 249.095 pesos, lo que suma un ingreso mínimo total de dos millones de pesos mensuales a partir del 1 de enero de 2026. Esta medida se tomó tras la falta de consenso en la mesa de concertación entre empresarios y centrales obreras, donde los trabajadores pedían un aumento del 16 por ciento y los empleadores proponían un 7,21 por ciento alineado con la inflación, resultando en un incremento total del 23,7 por ciento que, descontando la inflación, representa un alza real del 18,7 por ciento.
El decreto se basa en el concepto de salario mínimo vital establecido por la Organización Internacional del Trabajo y responde a la ausencia de acuerdo en la comisión salarial, activando la facultad del Ejecutivo para fijar el valor. Sin embargo, la norma no obliga a los empleadores a ajustar salarios superiores al mínimo legal, un punto clave regulado por los artículos 145 y 148 del Código Sustantivo del Trabajo, que solo prohíben pagos inferiores al mínimo y exigen su aplicación estricta para salarios iguales o inferiores a este umbral.
Alcance limitado y debate jurídico
La medida no aplica de manera automática a salarios superiores al salario mínimo legal mensual vigente, ni a los salarios integrales regulados por el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, ni a contratos con cláusulas específicas de desempeño, productividad o indexados al Índice de Precios al Consumidor, tampoco a contratos de prestación de servicios según el artículo 23. Reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia han aclarado que el salario mínimo no indexa automáticamente los sueldos más altos, alimentando un debate recurrente en Colombia sobre la obligatoriedad de estos aumentos para todos los trabajadores, con sanciones por incumplimiento solo en casos de salarios al mínimo o inferiores, aplicables vía la Ley 1610 de 2013 y el Ministerio del Trabajo.
«Gana más la familia, no solo el trabajador»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«un paso firme por la dignidad laboral y el bienestar de las familias»
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo
Esta decisión busca fortalecer la dignidad laboral en un contexto de tensiones económicas, aunque deja abierta la discusión sobre equidad salarial para estratos medios y altos, con el Gobierno enfatizando el impacto familiar del ajuste mientras se prepara el terreno para futuras negociaciones en 2027.
