El gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro y con el ministro de Hacienda Germán Ávila a la cabeza, decretó un aumento del 23% al salario mínimo para 2026, fijándolo en 2.000.000 pesos mensuales incluyendo el subsidio de transporte, una medida que beneficiará directamente a 2.500.000 trabajadores pero que ha encendido las alarmas de la calificadora Fitch Ratings por las presiones inflacionarias y fiscales que genera en un año previo a las elecciones presidenciales de mayo de 2026.
La decisión se tomó por decreto tras el fracaso de las negociaciones entre empleadores y sindicatos, con el objetivo de reducir la pobreza y garantizar la cobertura de los bienes básicos para los trabajadores de menores ingresos, aunque este será el último ajuste salarial antes de los comicios y llega en medio de una rebaja de la calificación soberana a BB/Estable anunciada por Fitch el 16 de diciembre, motivada por dificultades de gobernabilidad y el uso recurrente de decretos de emergencia.
Presiones macroeconómicas y fiscales en el horizonte
El costo fiscal directo del incremento salarial asciende a 7 billones de pesos, equivalente al 0,35% del PIB, complementado con medidas tributarias adicionales por 11 billones de pesos que representan el 0,6% del PIB, en un contexto donde el déficit fiscal previo ya alcanzaba los 16 billones de pesos o el 0,9% del PIB. Este panorama podría desanclar aún más las expectativas de inflación, con una proyección del 6% para 2026 frente al 5,3% registrado en noviembre y la meta del Banco de la República del 3%, lo que elevaría la tasa de política monetaria actual del 9,25% posiblemente por encima del 11%. Además, el crecimiento del PIB oficial para 2026 se estima en 2,9%, mientras la deuda pública proyectada para 2027 alcanzaría el 62,8% del PIB, superando la mediana del 53,8% de países similares.
«desanclar aún más las expectativas de inflación»
Fitch Ratings
El aumento impactará salarios públicos, la indexación de pensiones y los costos de producción, generando presiones inflacionarias tanto de demanda como de oferta, con controles de precios considerados insuficientes. Se prevé una elevación más rápida de las tasas de interés por parte del Banco de la República, menor creación de empleo formal y una reducción en la recaudación por impuestos sobre nómina, en un escenario de fragmentación política que complicará las futuras reformas fiscales y elevará aún más la deuda pública hacia 2027.
