El gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, decretará el salario mínimo para 2026 bajo el modelo de salario mínimo vital, acercándolo a los 1.800.000 pesos a partir del 1 de enero de ese año. Esta medida beneficiará directamente a 2,2 millones de trabajadores en todo el país y responde al vencimiento del plazo de concertación salarial el 15 de diciembre, cuando no se alcanzó un acuerdo entre empresarios, trabajadores y el Gobierno. El anuncio se realizó el 23 de diciembre, con la firma del decreto prevista entre el 29 y 30 de este mes.
La decisión se fundamenta en el respaldo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el artículo 53 de la Constitución Política y la Ley 278 de 1996, con el objetivo de garantizar una vida digna para las familias colombianas. Este cambio marca la transición del salario mínimo tradicional a uno vital, que considera las necesidades familiares esenciales como alimentación, educación, salud, vivienda y otros gastos ajustados a la economía local e inflación, promoviendo así equidad, formalización laboral y redistribución económica.
De la concertación fallida al decreto presidencial
Tras el fracaso en las mesas de diálogo salarial, el Ejecutivo optó por la vía del decreto presidencial para definir el nuevo piso salarial, rompiendo con tendencias nominales recientes y alineándose con acuerdos internacionales y normas nacionales. Esta evolución busca revertir desigualdades históricas, asegurando que el ingreso no sea solo individual, sino familiar, como ha enfatizado el mandatario.
«el salario es familiar, no individual, y ese concepto va en el decreto»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Con esta medida, el Gobierno de Petro avanza en su agenda de protección social, impactando positivamente la calidad de vida de millones de hogares y sentando un precedente para futuras políticas laborales en Colombia, en un contexto de recuperación económica postpandemia y ajustes inflacionarios.
