El Gobierno nacional expidió la Resolución 40579 del 22 de octubre de 2026, mediante la cual se formalizó la derogatoria de las 15 resoluciones que delimitaron los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva. La medida, comunicada oficialmente el 24 de octubre por la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda Arango, establece un plazo de 30 días para levantar la delimitación sobre 5.340.192 hectáreas, área que correspondía a cerca del cinco por ciento del territorio nacional. La decisión se toma luego de que el Gobierno determinara que dichas delimitaciones, vigentes desde hace más de dos años, no presentaron resultados verificables en materia de diversificación productiva, reconversión laboral, industrialización ni mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades.
Según explicó la ministra Arboleda, los planes estratégicos de gestión previstos nunca terminaron de formularse ni adoptarse, y las resoluciones generaban incertidumbre jurídica al no establecer una vigencia determinada, extensión máxima ni reglas de transición claras. Además, no hubo concertación con gobernaciones y alcaldías ni articulación con los planes de ordenamiento territorial. La derogatoria no afecta derechos adquiridos, actos administrativos en firme, decisiones judiciales ni acuerdos válidamente celebrados, y se reconocen los procesos de consulta previa adelantados en el Bajo Cauca antioqueño y el Norte del Cauca.
Las delimitaciones abarcaban 11 departamentos: Antioquia, Boyacá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Huila, La Guajira, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca, además del litoral Pacífico. De las 15 resoluciones derogadas, 14 habían sido declaradas durante el año 2026. La ministra Arboleda fue enfática al señalar que la minería sigue siendo fundamental en la agenda de reactivación económica del país, y que el Gobierno trabajará con los mineros formales para acompañar los procesos de formalización, cerrar brechas, combatir la extracción ilícita y hacer una minería que aporte a la competitividad de los territorios.
«Diversificar es sumar, no restar. Para el Gobierno Nacional la minería es fundamental en la agenda de reactivación económica. Colombia tiene el potencial de ser un país minero: un país capaz de aportar minerales y energía a la transición del mundo. Los distritos mineros especiales planteaban sustituir una actividad que sostiene a miles de familias sin ofrecerles una alternativa real. Hoy les decimos a los mineros formales de Colombia que tienen reglas claras, que sus derechos están protegidos y que el Gobierno Nacional va a trabajar con ellos para acompañar los procesos de formalización, cerrar brechas, combatir la extracción ilícita y hacer una minería que cada vez más aporte a la competitividad de los territorios».
María Nohemí Arboleda Arango, ministra de Minas y Energía
Medida complementaria en el Suroeste antioqueño
De manera simultánea, el Ministerio de Agricultura, liderado por Indalecio Dangond, anunció el 24 de octubre la derogación de 102.801 hectáreas que habían sido declaradas como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en 19 municipios del Suroeste antioqueño. La decisión fue tomada por instrucciones del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y anunciada por Dangond desde el municipio de Fredonia. Las localidades beneficiadas con esta medida son Concordia, Fredonia, Venecia, Jericó, Salgar, Tarso, Caramanta, Santa Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Montebello, Jardín, Hispania, Támesis, Pueblorrico, Betania, Betulia, Andes y Ciudad Bolívar. Con ambos anuncios, el Gobierno nacional busca despejar la incertidumbre jurídica que rodeaba las actividades mineras y agrícolas en vastas zonas del país, reafirmando su compromiso con la reactivación económica y la formalización de los sectores productivos.
