El ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, confirmó ante las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso que el proyecto de Ley de Rescate Económico, identificado con el radicado 477 de 2026, no contemplará el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los productos de la canasta familiar, los agroinsumos, los seguros de salud, los alimentos para mascotas ni la medicina prepagada. La decisión, que modifica sustancialmente la propuesta original del Ejecutivo, fue anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella el pasado 15 de noviembre y ratificada por el ministro durante la primera reunión con coordinadores y ponentes de la iniciativa, en una sesión transmitida por el Canal Congreso.
De esta manera, quedarán excluidos del gravamen productos básicos como arroz, papa, yuca, huevos, carne, pollo, leche, pescado y pan, que en el proyecto original mantenían su tratamiento tributario. También se exceptúan otros bienes y servicios que inicialmente habrían pasado a la tarifa general del 19% desde la tarifa reducida del 5%. La cartera de Hacienda no ha especificado el monto de recaudo que se perderá con esta exclusión, un cálculo que será central en las negociaciones legislativas para garantizar la sostenibilidad fiscal.
Diálogo con el Congreso
«Queremos que durante toda esta semana podamos tener reuniones de trabajo, para que ustedes puedan plantear ideas, discutir y comprender sus planteamientos.»
Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda y Crédito Público
El ministro Gómez Martínez agregó que el Ejecutivo está «absolutamente dispuesto a debatir y construir con distintos actores las mejores propuestas en beneficio de la ciudadanía». En un comunicado oficial, el Ministerio de Hacienda informó que «se evalúan alternativas de ajuste», sin especificar si se tratará de nuevos tributos o recortes de gasto, aunque se ha enfatizado que la mayor parte del ajuste fiscal debe provenir de la austeridad del Estado.
La encrucijada fiscal y los tiempos del Congreso
La exclusión del IVA sobre estos productos obliga al Gobierno a buscar fuentes alternativas de recaudo para mantener el equilibrio de las finanzas públicas. El proyecto de Ley de Rescate Económico fue concebido para contener el deterioro fiscal mediante una combinación de reducción de gasto, cambios tributarios e incentivos a la inversión, con el objetivo de estabilizar la deuda pública y cerrar el déficit. La discusión se traslada ahora al Congreso, donde las Comisiones Económicas Conjuntas tienen la responsabilidad de definir las alternativas que reemplazarán los ingresos previstos inicialmente. El primer debate del proyecto está programado para el 1 y 2 de diciembre, mientras que el cierre de la legislatura se cumple el 16 de diciembre, lo que impone un calendario ajustado para la aprobación de la ley. La modificación responde al anuncio presidencial del 15 de noviembre y al rechazo político que generó la propuesta de gravar la canasta básica y sectores sensibles como el agropecuario, dejando abierta la puerta a nuevas reuniones para ajustar el articulado en beneficio de la ciudadanía.









