El operativo nacional incluirá aeronaves, drones, antidrones, blindados y vigilancia fluvial para garantizar la seguridad de los puestos de votación y prevenir hechos de violencia o alteraciones al proceso electoral.
El Gobierno Nacional anunció el despliegue de 246 mil hombres y mujeres de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad durante las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. El operativo ya comenzó en diferentes regiones del país y contempla acciones terrestres, aéreas y fluviales para cubrir los puestos de votación y proteger el desarrollo de la jornada democrática.
El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien aseguró que el Estado mantendrá toda su capacidad operativa activa ante los riesgos que históricamente han rodeado los procesos electorales en Colombia.
“Las elecciones van a ocurrir como decir que mañana sale el sol, pero existen riesgos. La amenaza contra la democracia colombiana siempre ha estado presente en nuestro país, pero eso nos motiva a todos a proteger la democracia”, afirmó el funcionario.
Según explicó el ministro, la Fuerza Pública contará con apoyo de aeronaves, drones, sistemas antidrones, vehículos blindados, motorizados, buques y botes, dependiendo de las necesidades de seguridad en cada territorio.
El Gobierno también manifestó preocupación por el aumento de campañas de desinformación en medio del ambiente electoral. Para el Ministerio de Defensa, este fenómeno representa un factor de riesgo que podría desencadenar tensiones o hechos de violencia durante los días previos a las votaciones.
“Mientras más se acercan las elecciones se eleva más la volatilidad y cualquier desinformación puede generar una chispa que se traduzca en violencia”, señaló Sánchez, al tiempo que invitó a la ciudadanía a denunciar posibles delitos electorales.
Las autoridades informaron además que habrá recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar irregularidades o acciones que busquen afectar el proceso democrático.
El despliegue de seguridad se produce en un contexto de especial atención institucional frente a posibles amenazas contra candidatos, campañas políticas y puestos de votación en distintas zonas del país. El Gobierno insiste en que el objetivo principal es garantizar unas elecciones tranquilas y con plenas condiciones de participación para los ciudadanos.
