El Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, anunció una fórmula para desvincular los precios de la vivienda de interés social (VIS) del proyectado aumento del 23% en el salario mínimo para 2026, al tiempo que emitió la Circular 004 del Ministerio de Vivienda, firmada por el ministro Antonio Sanguino, que obliga a las constructoras a informar los precios de estas viviendas exclusivamente en pesos colombianos. Esta medida responde a la preocupación del sector de la construcción, representado por Camacol, por el impacto en los costos de la VIS, los derechos de los compradores y las condiciones laborales, en un contexto donde ya se suspendió temporalmente el subsidio Mi Casa Ya para 2025 debido a problemas presupuestales y fiscales, afectando a más de 24.000 familias.
El ministro Sanguino explicó que se está estudiando un decreto en conjunto con la Secretaría Jurídica de la Presidencia para implementar esta desvinculación, destacando que el Gobierno ha desindexado ya 225 bienes e ítems que estaban atados al salario mínimo. En ciudades principales, el límite para VIS alcanza los 150 salarios mínimos, equivalentes a unos 300 millones de pesos, mientras el sector VIS ha experimentado una contracción del 40%. La decisión sobre el salario mínimo se tomó tras conversaciones entre los ministerios de Hacienda, Vivienda y Trabajo.
Declaraciones del Gobierno y reacciones del sector
Desde su cuenta en redes sociales, el presidente Petro solicitó directamente a las empresas constructoras dejar de informar a sus clientes que los precios de la VIS se ajustarán al mismo porcentaje del salario mínimo, calificándolo como «una estafa delictiva». Agregó que «el costo laboral en las construcciones es solo una parte del costo total» y que «muchos de los materiales importados de la vivienda nueva han caído de precio». La Circular 004/24 precisa que «el precio de la vivienda en Colombia se debe informar en pesos colombianos. El consumidor solo estará obligado a pagar el precio que le sea informado en el momento en que este manifieste su voluntad de adquirir el bien».
«una fórmula que proteja el derecho de las familias de menores ingresos y trabajadores a la vivienda de interés social y prioritario, disminuyendo el impacto del incremento del salario mínimo en el costo de este tipo de vivienda»
Antonio Sanguino, Ministro de Vivienda
Por su parte, Camacol sostiene que la indexación de los límites de precios VIS y prioritaria, definidos en el Plan Nacional de Desarrollo, es una obligación legal, y que estos topes funcionan como límites máximos, no como incrementos automáticos. El economista Víctor Saavedra criticó que cualquier modificación a estos límites requeriría una ley del Congreso, y lamentó que el Gobierno haya cancelado Mi Casa Ya sin ofrecer alternativas como programas de vivienda rural o arrendamiento social, lo que genera incertidumbre en miles de familias y agrava la contracción del sector constructor.
Esta iniciativa busca equilibrar la protección a los compradores de menores ingresos con la sostenibilidad del mercado inmobiliario, en medio de un debate nacional sobre la indexación de precios y el acceso a la vivienda digna en Colombia.
