El Gobierno nacional, liderado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, retomó el plan para desligar los precios de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP) del salario mínimo legal mensual vigente, apenas días después de confirmarse un ajuste del 23 por ciento para 2026, que eleva la base superior por encima de los 1.750.000 pesos. Esta iniciativa, que se impulsará mediante un decreto en análisis, busca evitar el traslado automático de los incrementos salariales a los costos de estas viviendas destinadas a hogares de bajos y medianos ingresos, mediante una revisión exhaustiva de consideraciones jurídicas para prevenir demandas u objeciones de las cortes.
En concreto, el tope para la VIS pasaría de 213.525.000 pesos a 262.500.000 pesos, equivalente a 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, mientras que el de la VIP se ajustaría de 128.115.000 pesos a 157.500.000 pesos, correspondiente a 90 salarios mínimos. Esta medida se reactiva en Colombia ante la indexación automática que genera el alza salarial, lo que según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) podría incrementar los costos de la VIS en cerca del 10 por ciento, presionando el mercado inmobiliario.
Contexto de desindexación y desafíos para el sector
La propuesta forma parte de una agenda económica previa en la que ya se han desindexado 225 ítems, mayoritariamente bienes de consumo, con el objetivo de reducir presiones en los costos habitacionales. Ahora, el Gobierno evalúa alternativas como la Unidad de Valor Real (UVR) u otros indicadores para reemplazar la vinculación al salario mínimo, en un esfuerzo por estabilizar los precios y mitigar la incertidumbre que enfrentan los desarrolladores, así como una posible deserción en las compras de vivienda social por parte de los potenciales adquirientes de menores ingresos.
Este anuncio llega en un momento clave para el sector constructor, donde el pronunciamiento de Camacol resalta el impacto del ajuste salarial en el mercado inmobiliario, subrayando la necesidad de medidas que equilibren accesibilidad y viabilidad económica para las familias colombianas que dependen de estas modalidades de vivienda subsidiada.
