El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el pasado 8 de agosto el traslado masivo de 103 presos de la cárcel La Paz de Itagüí, en Antioquia, hacia ocho centros penitenciarios de alta seguridad en distintas regiones del país, con el objetivo de desarticular la coordinación criminal que se gestaba desde ese penal. La medida, que se conoció en detalle esta semana al revelarse los destinos exactos de los internos, busca romper el poder concentrado en este centro de reclusión donde convivían comandantes paramilitares, jefes de bandas del Valle de Aburrá, exintegrantes de la fuerza pública condenados por corrupción y protagonistas de los diálogos de paz total del gobierno anterior.
Entre los reclusos de alto perfil que fueron reubicados se encuentran José Leonardo Muñoz Martínez, conocido como alias Douglas y cabecilla de La Terraza; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom o Carlos Chata, jefe de La Oficina; y Freynor Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, entre otros como Jorge de Jesús Vallejo Alarcón (alias Vallejo), Dayron Alberto Muñoz Torres (alias El Indio), Wálter Alonso Román Jiménez (alias El Tigre o Ramón Chaqueta), Juan Camilo Rendón Castro (alias El Saya), Alber Antonio Henao Acevedo (alias Albert) y Juan Fernando Álvarez (alias Juan 23). Todos ellos eran parte de un «mosaico» de perfiles criminales que, según las autoridades, había convertido a la cárcel La Paz en un centro de operaciones delictivas.
Distribución estratégica en ocho penales
La dispersión ordenada por la Presidencia de la República se ejecutó con criterios de alta seguridad: el grupo más numeroso, compuesto por 27 internos, fue trasladado al Complejo Carcelario de Bogotá (Cobog), donde funcionan áreas de Justicia y Paz y de reclusión especial, y fueron ubicados en los pabellones 31 y 32. Otros 17 reclusos fueron enviados a El Pedregal, en Medellín; 16 a Girón, en Santander; 13 a La Tramacúa, en Valledupar; 12 a La Dorada, en Caldas; 9 a Palmira, en el Valle del Cauca; 5 a Picaleña, en Ibagué; y 4 a El Barne, en Boyacá. La orden presidencial buscó romper la concentración de poder y la capacidad de coordinación criminal que se había consolidado en Itagüí, donde los cabecillas gozaban de privilegios inadmisibles.
El episodio que aceleró la decisión fue el concierto privado que ofreció el cantante Nelson Velásquez el 8 de abril dentro del penal, un hecho que expuso las irregularidades y beneficios excesivos concedidos a los internos vinculados a los diálogos de paz. Tras ese evento, la Fiscalía y la Procuraduría abrieron investigaciones para determinar quiénes facilitaron ese régimen de beneficios y si hubo presiones políticas para flexibilizar el control penitenciario. Funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) declararon ante la Procuraduría que esos privilegios, como visitas extraordinarias e ingreso de alimentos no autorizados, «se habían vuelto normales», revelando una cultura de permisividad que habría permitido a los cabecillas coordinar actividades ilegales desde la cárcel.
«Se habían vuelto normales»
Funcionarios del Inpec ante la Procuraduría, refiriéndose a los privilegios concedidos a los cabecillas involucrados en los diálogos de paz
Antecedentes de una paz cuestionada
La cárcel La Paz de Itagüí albergaba no solo a antiguos comandantes paramilitares y miembros de bandas criminales, sino también a exintegrantes de la fuerza pública condenados por corrupción y a personas vinculadas a los diálogos de paz total promovidos por el gobierno de Gustavo Petro. Varios de los internos trasladados participaron como voceros en los acercamientos de paz urbana y resultaron beneficiados por la Resolución número 00027, expedida el 27 de marzo de 2026, que suspendió órdenes de captura a personas vinculadas a la mesa de paz urbana de la cárcel de Itagüí. Entre los trasladados también había condenados por homicidio, narcotráfico, desaparición forzada y asesinatos de líderes sociales, lo que evidenciaba la complejidad del ecosistema criminal que operaba desde ese penal.
Aunque la orden de traslado se emitió el 8 de agosto, solo hasta ahora se han conocido los destinos exactos de los 103 presos, en medio de un hermetismo oficial que buscaba evitar posibles reacciones violentas o intentos de reorganización. La dispersión busca romper definitivamente la capacidad de coordinación criminal desde un solo penal, pero las investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría continúan abiertas para determinar el alcance de las responsabilidades de quienes facilitaron los privilegios y las presiones políticas que pudieron haber flexibilizado el régimen penitenciario. El gobierno de Abelardo de la Espriella ha señalado que esta operación es solo el primer paso para recuperar el control de las cárceles del país y evitar que se conviertan en centros de poder paralelo.
