El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó el pasado 8 de septiembre el Decreto 1368, una medida que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego y elimina un trámite burocrático anual que debían cumplir ciertos solicitantes. La decisión, anunciada a través de las redes sociales del mandatario, mantiene intactos los requisitos y controles ordinarios establecidos por las autoridades competentes, según lo confirmó el propio presidente en su cuenta de X.
El decreto modifica el régimen de permisos vigente, eliminando la figura jurídica que imponía una autorización especial adicional para quienes no encajaban en las excepciones del esquema anterior. El abogado especialista en derecho penal y criminología, Óscar Jiménez, explicó que lo que hace la nueva norma es suprimir esa exigencia extraordinaria que obligaba a los titulares de permisos a solicitar un aval cada año y esperar su aprobación. “Lo que hace es eliminar la figura jurídica”, señaló Jiménez, quien subrayó que una persona puede acceder a un arma de fuego reuniendo las exigencias legales y obteniendo la autorización tras los procedimientos establecidos, que incluyen requisitos como justificación económica, acreditación de riesgo, exámenes médicos y una entrevista.
Controles y enfoque en armas ilegales
El presidente De la Espriella fue enfático al aclarar que la medida “no implica un porte indiscriminado”. En su cuenta oficial de X, el mandatario afirmó que “se mantienen controles estrictos, requisitos y permisos de las autoridades competentes”. La administración ha señalado que su foco principal estará en las armas ilegales, un problema que se refleja en las cifras de la Fuerza Pública: entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de 2026 se incautaron 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos, según datos citados por el propio presidente en su publicación. En ese contexto, el nuevo decreto busca reducir la carga burocrática para los ciudadanos que cumplen con todos los requisitos ordinarios, sin relajar los mecanismos de control ya existentes.
“No implica un porte indiscriminado”
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
Con esta decisión, el Gobierno colombiano modifica el esquema que regía desde que se estableció la suspensión general del porte de armas, la cual restringía la obtención de permisos. Ahora, al levantarse esa suspensión, los solicitantes que cumplan con los criterios establecidos podrán tramitar sus autorizaciones sin necesidad de un aval adicional anual. El abogado Óscar Jiménez recordó que, pese al cambio, los controles ordinarios para autorizar la tenencia o porte de armas siguen vigentes, por lo que no se espera una liberalización del acceso a estas. La medida, según fuentes oficiales, busca equilibrar la seguridad ciudadana con la eliminación de trámites que resultaban redundantes para quiénes ya contaban con un permiso base.
