El gobierno nacional, a través del Departamento de Prosperidad Social y el Banco Agrario, eliminará en 2026 el subsidio mensual de 230.000 pesos que beneficia a cerca de 12.000 víctimas desplazadas o confinadas en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, Colombia, debido a los intensos enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc. Esta medida, regulada por el Decreto Legislativo 0323 promulgado a mediados de 2025 tras un borrador de diciembre pasado que otorgaba 30 días para el cierre, implica que los pagos se extenderán solo hasta finales de este año, como parte de la reconfiguración de la política pública de protección social, limitándose a los beneficiarios ya identificados previamente y marcando el fin del ciclo definido por el Estado de Conmoción Económica, Social y Ecológica.
El subsidio, implementado inicialmente ante la declarada conmoción por los choques armados entre las disidencias de las Farc y el ELN, ha sido un ingreso esencial para estas familias en medio de la persistente violencia que se alimenta del control de unas 50.000 hectáreas de cultivos de coca y las confrontaciones directas. Líderes locales expresan profunda inquietud por la pérdida de este apoyo, especialmente cuando en la última semana de 2025 se registraron más de 1.000 desplazados recientes, equivalentes a 1.012 víctimas, incluyendo 217 niños y 22 núcleos familiares, forzados a abandonar sus viviendas por combates que involucran drones y amenazas directas.
Violencia sin freno en Catatumbo genera alarma
Luis Fernando Niño, consejero de Paz del departamento de Norte de Santander, ha advertido sobre la gravedad de la situación, señalando que la violencia sigue creciendo sin control y que no se respeta el Derecho Internacional Humanitario, lo que cierra cualquier posibilidad de diálogo y exige acciones contundentes por parte del Estado. En respuesta, se busca aumentar la presencia militar en la zona y se extendió por siete meses la Zona de Ubicación Temporal para el Frente 33 de las disidencias, aunque no se aceptarán nuevas solicitudes ni incorporaciones extemporáneas al subsidio que termina.
“sigue creciendo sin control”
Luis Fernando Niño, consejero de Paz del departamento de Norte de Santander
A pesar de esta eliminación, el gobierno asegura la continuidad de otros programas de protección social como Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Renta Joven, Economía para el Cambio y la Devolución del IVA, con asignaciones superiores a 5,3 billones de pesos en 2025, en un esfuerzo por mitigar el impacto en una población vulnerable que enfrenta un futuro incierto en medio del conflicto armado.
