En una jornada que ha encendido las alarmas entre analistas y políticos, el Gobierno del presidente Gustavo Petro colocó deuda pública de corto plazo a una tasa de interés récord del 13,9% durante la subasta de Títulos de Tesorería (TES) realizada el 19 de mayo de 2025. La operación, ejecutada por el Ministerio de Hacienda, buscaba captar hasta 900.000 millones de pesos, pero la baja demanda de los inversionistas obligó a adjudicar apenas 631.500 millones, con un costo financiero que no se veía desde 2011.
Según los datos oficiales, las ofertas recibidas sumaron 856.500 millones de pesos, pero el monto finalmente asignado fue de 631.500 millones, lo que arrojó un indicador bid to cover de 1,0, reflejo de una demanda apenas suficiente para cubrir la subasta. La tasa de corte, situada en 13,9%, supera ampliamente tanto la tasa IBR de 12,77% como la tasa de referencia del Banco de la República, que se ubica en 11,25%. Este desfase evidencia un encarecimiento significativo del financiamiento estatal, que deberá pagar ese alto interés por los títulos con vencimiento en mayo de 2027.
El investigador de la Universidad Eafit, Diego Montañez-Herrera, calificó el hecho como un récord histórico que ha pasado casi inadvertido. «El Gobierno de Colombia colocó deuda a corto plazo cerca del 14%, el nivel más alto de la serie del IRC del Ministerio de Hacienda desde 2011. Y esto preocupa por una razón: en solo un año esa deuda toca refinanciarla otra vez», advirtió en sus redes sociales. Por su parte, el analista Pablo García sostuvo que «el mercado ya comienza a asumir un incumplimiento de pago sobre la deuda colombiana. Hoy el gobierno se tuvo que endeudar al 13,9% a un año y ni siquiera pudo completar los 900.000 millones que buscaba por baja demanda».
Bancos comerciales, los principales compradores
El 92,64% de la deuda colocada fue absorbida por bancos comerciales, que adquirieron 585.000 millones de pesos del total adjudicado. Este dato revela una concentración del riesgo en el sistema financiero local, mientras que el rango de ofertas recibidas osciló entre el 13,25% y el 14,05%, con una media del 13,65%. La subasta corresponde a Títulos de Tesorería de Corto Plazo (TCO), un instrumento que el gobierno ha utilizado con mayor frecuencia en el último año para cubrir sus necesidades de liquidez.
Bomba de tiempo para el próximo gobierno
La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia lanzó duras críticas contra la gestión fiscal del actual gobierno. «En 2025, el Gobierno emitió 92,7 billones de pesos en títulos de corto plazo, deuda que se debe pagar en menos de un año. Es un aumento del 368% frente a 2024, algo nunca antes visto. Nos están dejando una bomba de tiempo: la Contraloría advirtió sobre vencimientos críticos para 2026, 2029 y 2030. El próximo Gobierno tendrá que endeudarse por billones de pesos solo para pagar la irresponsabilidad del actual», afirmó la congresista.
«El mercado ya comienza a asumir un incumplimiento de pago sobre la deuda colombiana. Hoy el gobierno se tuvo que endeudar al 13,9% a un año y ni siquiera pudo completar los $900.000 millones que buscaba por baja demanda»
Pablo García, analista
Estrechez de liquidez y desfase monetario
El contexto fiscal que rodea esta subasta es de una estrechez persistente de liquidez, según ha advertido el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). El saldo de caja en pesos del Estado cayó a 9,8 billones en mayo, una reducción de 2,6 billones respecto a marzo. Esta situación ha presionado las tasas de los TES en pesos, que han subido en promedio 19 puntos básicos, con la mayoría negociándose entre el 13% y el 14%. El gobierno, por su parte, ha justificado la emisión de TCO argumentando que busca fortalecer el mercado de capitales, pero los analistas señalan que la política monetaria del Banco de la República, con una tasa de referencia del 11,25%, está desfasada respecto al costo real de emitir deuda pública, que ya alcanza el 13,9%. La subasta del 19 de mayo deja en evidencia un creciente riesgo de financiamiento para el Estado colombiano y enciende las alertas sobre la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo.
