Ante la suspensión del proceso de empalme tradicional, el presidente electo Abelardo De La Espriella y su equipo de gobierno han recurrido a la presentación masiva de derechos de petición como mecanismo para obtener información oficial de ministerios y entidades públicas. La estrategia, que incluye a figuras clave como el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, el ministro de Defensa designado, general en retiro Jorge Mora, y el ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona, busca recopilar datos administrativos, financieros y operativos de las carteras que asumirán en los próximos días. El equipo entrante justifica esta medida en la necesidad de proteger el patrimonio público, identificar asuntos pendientes, revisar decisiones del Gobierno saliente y dejar constancia de aquellos requerimientos que queden sin respuesta.
La suspensión del formato tradicional de reuniones presenciales de entrega de cuentas obligó al grupo de De La Espriella a implementar este mecanismo de solicitudes formales por escrito. Los derechos de petición, que exigen respuesta oficial en los plazos legales, se han enviado a distintos ministerios, con especial énfasis en las carteras de Defensa y Ambiente, dos áreas consideradas estratégicas para la próxima administración. En el caso del Ministerio de Ambiente, además del documento formal, Fabio Arjona habilitó un código QR dirigido a los funcionarios de la entidad para que puedan entregar información complementaria sobre contratos, ejecución presupuestal, programas y compromisos adquiridos.
Más de 600 preguntas en Defensa y millonarias cifras en Ambiente
Uno de los derechos de petición más detallados es el enviado por el ministro de Defensa designado, general Jorge Mora, al titular saliente de esa cartera. El documento contiene 666 preguntas, un número que refleja el nivel de escrutinio que el equipo entrante pretende aplicar sobre la gestión castrense. En el Ministerio de Ambiente, las cifras son igualmente reveladoras: Fabio Arjona puso en duda la idoneidad de contratos suscritos en los últimos cuatro meses por un valor cercano a los 400 mil millones de pesos con organismos y entidades cuya capacidad operativa considera cuestionable. Asimismo, el ministro designado señaló una inversión de 90 mil millones de pesos en la COP16, evento del cual, según su criterio, no se derivaron resultados concretos para el país.
“Muchas preocupaciones alrededor de la efectividad del manejo de muchos recursos relacionados con medio ambiente”
Fabio Arjona, ministro de Ambiente designado
Arjona también fue enfático al referirse a los compromisos internacionales asumidos por Colombia tras la realización de la COP16. En sus declaraciones, aseguró que “después de la COP16 no pasó nada, después de su culminación en Roma, Colombia no ha asumido la responsabilidad de lo que le corresponde entregar en la COP17”. El derecho de petición presentado por su equipo incluye, de hecho, un pedido específico de información sobre los resultados de la COP16 y la preparación para la COP17, lo que evidencia la intención de la nueva administración de pasar del discurso a la evidencia concreta.
“Pasar del relato al real dato”
Fabio Arjona, ministro de Ambiente designado
La estrategia de derechos de petición se enmarca en los lineamientos de lucha contra la corrupción anunciados por De La Espriella y Restrepo durante la campaña electoral. El equipo entrante sostiene que este mecanismo no solo busca construir una trazabilidad sobre la gestión administrativa, financiera y operativa del Estado, sino también revisar contratos, presupuestos, programas y compromisos adquiridos por el Gobierno saliente. El objetivo final, según han manifestado los designados, es proteger el patrimonio público y las capacidades estratégicas del país, al tiempo que se garantiza una transición ordenada basada en información verificable y no en reuniones informales.
