El próximo presidente de Colombia, quien será elegido en la segunda vuelta del 21 de junio, asumirá el 7 de agosto de 2026 con una economía que arrastra un déficit fiscal del 6,4% del Producto Interno Bruto, una deuda externa que alcanza el 52% del PIB y una inflación anual que en mayo se ubicó en 5,84%, todavía fuera del rango meta del Banco de la República, fijado entre 2% y 4%. A esto se suma una tasa de interés de referencia en 11,25%, que el emisor evalúa subir al 12% en su próxima reunión de junio, un desempleo de 8,8% en abril —el más bajo desde 2001— pero con una informalidad laboral que afecta al 55% de los ocupados, y un crecimiento del PIB de apenas 2,2% en el primer trimestre de 2026, impulsado principalmente por el gasto público, el comercio y el entretenimiento, mientras la construcción, las actividades extractivas y el sector agropecuario muestran contracción.
El gobierno de Gustavo Petro cierra su mandato con una brecha persistente entre ingresos y gastos, un crecimiento basado en el consumo público y privado, una inversión desacelerada y una inflación que se mantiene por fuera del rango meta desde hace cuatro años. Las tensiones entre el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República marcaron la política económica, y la presencia del ministro en las sesiones de la junta directiva del emisor ya no es obligatoria. El nuevo mandatario recibirá además un entorno global incierto, con un precio del petróleo Brent entre 70 y 80 dólares por barril —cada caída de 10 dólares reduce los ingresos fiscales en 7 billones de pesos anuales— y una economía que depende cada vez más de las remesas, que entre enero y abril sumaron 4.448 millones de dólares, un 42% más que las exportaciones de café, y que ya representan cerca del 25% de las ventas externas totales.
Una herencia de presiones fiscales y sociales
El Ministerio de Hacienda ajustó la previsión de déficit para 2026 de 5,1% a 5,3% del PIB en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, con un gasto total más alto y la expectativa de recibir 3,2 billones de pesos adicionales en tributos. Sin embargo, según Fedesarrollo, la senda fiscal de mediano plazo incorpora supuestos de mayores ingresos y menores gastos cuyo origen no está explicitado, y el ajuste adicional de entre 1% y 1,5% del PIB no precisa las medidas que permitirían materializarlo. A esto se suma el impacto del aumento del salario mínimo en 23,7%, que elevó los costos laborales y amenaza la formalización. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, aseguró que “dos de cada tres empresas redujeron su planta de personal este año”, una señal de la presión que enfrenta el tejido empresarial.
“Dos de cada tres empresas redujeron su planta de personal este año”.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco
El desempleo en niveles mínimos coexiste con una informalidad que, según Fenalco y la Andi, es aún mayor si se mide con los registros de cotizantes de la Ugpp, mientras el Dane defiende su metodología internacional. La economía colombiana también enfrenta una paradoja: el dólar cerró la semana en 3.459,53 pesos, uno de los niveles más bajos en cinco años, con una caída cercana al 20% desde el inicio del gobierno Petro, pero dos calificadoras de riesgo ya retiraron el grado de inversión. Orlando Santiago, gerente de Phoenix Valor, advirtió que “el próximo presidente tendrá como prioridades estabilizar las finanzas públicas, revisar la política energética y adoptar medidas para contener la inflación”, y alertó sobre la pérdida del grado de inversión y la seguridad como otro factor decisivo para la actividad económica.
“El próximo presidente tendrá como prioridades estabilizar las finanzas públicas, revisar la política energética y adoptar medidas para contener la inflación”.
Orlando Santiago, gerente de Phoenix Valor
El reto de la política monetaria y la relación con el emisor
El Banco de la República subió la tasa de interés del 9,25% al 11,25% durante el primer trimestre para frenar el consumo y contener la inflación, y evalúa un nuevo incremento al 12% en junio. Las proyecciones de los analistas consultados por el emisor indican que la inflación cerraría 2026 en 6,48%, y que solo volvería al rango meta dentro de cinco años. Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, señaló que “el próximo gobierno deberá equilibrar una mayor relevancia de la deuda interna sin desincentivar el flujo de recursos hacia las empresas que buscan invertir, y al mismo tiempo priorizar la deuda externa mientras administra la exposición al entorno global”. La nueva administración deberá recomponer la relación con el Banco de la República tras las tensiones con el Ministerio de Hacienda, en un contexto donde la formación bruta de capital se desaceleró, la construcción registra cifras negativas en iniciaciones y ventas, y la producción de hidrocarburos cayó.
El país está a un mes de completar dos años consecutivos con ingresos mensuales por remesas superiores a 1.000 millones de dólares, un flujo que se ha consolidado como motor del consumo de los hogares. Sin embargo, la dependencia del petróleo sigue siendo un talón de Aquiles: la caída del Brent tras el alivio de tensiones entre Estados Unidos e Irán presiona las cuentas fiscales. El próximo presidente de Colombia, que asumirá el 7 de agosto, enfrenta así una economía con múltiples frentes abiertos: estabilizar las finanzas públicas, contener la inflación, mantener la seguridad energética y fiscal, y recuperar la confianza de los inversionistas en un entorno donde las calificadoras ya retiraron el grado de inversión y el ajuste fiscal adicional no tiene medidas explícitas para materializarse.
