La representante del Pacto Histórico Mafe Carrascal confirmó que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella entregó al Congreso el informe sobre las ayudas por la emergencia tras el terremoto del 10 de agosto de 2026. El documento, que deberá ser estudiado por la Cámara de Representantes, detalla las medidas adoptadas durante la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica decretada el 19 de agosto por un término de 30 días. Con esta entrega, el Ejecutivo cumple la exigencia del artículo 125 de la Constitución, que lo obliga a rendir cuentas sobre los decretos emitidos durante el régimen excepcional.
La congresista, que había solicitado el informe el 13 de octubre tras denunciar obstrucciones al control político, celebró el hecho con un contundente mensaje: «Ganamos y ganó Colombia». Carrascal radicó una tutela ante el Consejo de Estado para obligar al Gobierno a presentar el reporte, y aseguró que la presión dio resultados. «Intentaron obstruir nuestra posibilidad de hacer control político. Con la presión y con la tutela que radicamos ante el Consejo de Estado, hoy es posible. Ahora nos corresponde estudiarlo», explicó la representante.
Pagos y soluciones habitacionales en Cali
Mientras el Congreso se alista para el estudio del informe, la administración del alcalde de Cali, Alejandro Eder, avanza en la atención de los damnificados. Según Eder, 21.000 personas calificaron para recibir ayuda humanitaria, y de ellas 10.000 ya cobraron el primer giro. Las 11.000 restantes recibirán ese primer desembolso entre el jueves 30 y el sábado 31 de octubre. «La semana entrante, todos los 21 mil recibirán el segundo pago», precisó el mandatario local, quien además gestiona un tercer desembolso para sostener la asistencia mientras avanza la reconstrucción.
El panorama habitacional es una de las mayores urgencias. Se estima que 700 familias perdieron sus hogares de forma definitiva por los colapsos o las demoliciones, y la administración distrital busca una alternativa para todas. «Ya son cerca de 360 soluciones que tenemos proyectadas», indicó Eder, de las cuales 200 opciones están listas para ser asignadas. La meta es resolver antes de diciembre la situación de las familias damnificadas. En cuanto a la infraestructura, la Alcaldía reporta 76 edificios identificados para demolición, casi una decena ya intervenidos, y 11 frentes de trabajo activos adelantan esas labores.
Supervisión legislativa en el centro del debate
El caso pone de relieve la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo por la supervisión de las medidas extraordinarias. Carrascal presentó un oficio ante la Mesa Directiva de la Cámara para solicitar la exigencia institucional del informe, y esa gestión se convirtió en un precedente sobre el control político de las emergencias. La entrega del documento fue el resultado de una combinación de presión política y acciones legales, tal como lo resumió la representante del Pacto Histórico:
«Le exijo a la Mesa Directiva que le solicite, que le exija también al Gobierno que le rinda ese informe al Congreso de la República.»
Mafe Carrascal, representante del Pacto Histórico
Con el informe ya en manos de la Cámara, el siguiente paso es su análisis, del cual podrían surgir observaciones a las normas expedidas en vivienda, empleo, salud y educación durante los 30 días de emergencia. El terremoto del 10 de agosto no solo marcó la agenda política del país, sino que puso a prueba los mecanismos de rendición de cuentas en situaciones excepcionales. Para Carrascal, este cumplimiento representa una victoria ciudadana, mientras Cali continúa su recuperación entre pagos, demoliciones y la promesa de un techo antes de diciembre.
