El Gobierno nacional hará entrega de los archivos desclasificados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a la familia del humorista Jaime Garzón y a los allegados del defensor de derechos humanos Pedro Julio Movilla, como parte del cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La ceremonia, que estaba programada inicialmente para el 19 de junio de 2024 frente a la Casa de Nariño en Bogotá, fue aplazada por cuenta de la agenda del presidente Gustavo Petro, y se espera que en el transcurso de la próxima semana se confirme una nueva fecha para este acto de reparación simbólica.
La desclasificación de estos documentos fue ordenada por la Corte IDH en octubre de 2023, como una sanción derivada de la condena al Estado colombiano por las violaciones a derechos humanos cometidas a través del espionaje arbitrario ejecutado por el DAS entre 1990 y 2005. La medida busca garantizar un acceso efectivo a la información sobre estas violaciones, así como rectificar datos que hayan sido incongruentes o difundidos de manera errónea a lo largo de los años. En el centro de esta decisión están dos casos que aún claman por justicia: el asesinato de Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999, y la desaparición forzada de Pedro Julio Movilla, de quien no se tuvo noticia desde el 13 de mayo de 1993.
26 años de silencio y una deuda histórica
Han transcurrido 26 años desde aquel fatídico 13 de agosto en el que Jaime Garzón fue ultimado en Bogotá, y su caso sigue sin un esclarecimiento judicial pleno. Aunque el crimen se atribuye al entonces jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, investigaciones posteriores han señalado que el paramilitar fue condicionado por terceros para ejecutar el homicidio. Precisamente, uno de esos terceros fue José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, quien fue condenado por convencer a Castaño de que Garzón era un objetivo militar, un argumento que resultó ser falso. La familia del comediante ha solicitado en repetidas ocasiones la desclasificación de los archivos del DAS en los que sea mencionado, con la esperanza de encontrar las piezas que faltan en el rompecabezas de su muerte.
De manera paralela, el caso de Pedro Julio Movilla, un dirigente sindical y militante del Partido Comunista, representa otra herida abierta. Antes de su desaparición en 1993, fue víctima de seguimientos y hostigamientos por parte de organismos de seguridad. Testigos reportaron la presencia de hombres encapuchados y vehículos sospechosos el día en que se perdió su rastro, pero desde entonces su paradero es desconocido. La sentencia de la Corte IDH, que también ampara al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y a otras víctimas del espionaje, señala que el Estado colombiano omitió priorizar a las víctimas, permitiendo que la impunidad imperara en la mayoría de estos casos. Con la entrega de los archivos, el Gobierno busca dar un paso hacia la verdad, en un proceso que las familias han esperado por décadas.
