El gobierno de Abelardo de la Espriella estudia eliminar el subsidio al diésel para conductores particulares, vehículos diplomáticos y oficiales, con el objetivo de ahorrar 698.000 millones de pesos anuales y mejorar la sostenibilidad fiscal del país. La medida, que mantendría el beneficio para el transporte público y de carga, busca equiparar el precio local del ACPM con su referencia internacional a través del Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles (Fepc). Según el Ministerio de Minas y Energía, la decisión responde a razones de eficiencia económica y sostenibilidad fiscal, al tiempo que califican el subsidio actual como regresivo.
En Colombia circulan aproximadamente 1,21 millones de vehículos que utilizan ACPM, cuyo precio por galón es de 11.282 pesos, mientras que la brecha con el valor internacional se estima en unos 5.100 pesos, según la Unión Gremial de Estaciones de Servicio. Cada mes se comercializan 160 millones de galones de diésel, lo que representa un costo mensual del subsidio de unos 800.000 millones de pesos y un desembolso anual cercano a los 9,7 billones de pesos. El Gobierno estima que el ahorro fiscal directo ascendería a 698.000 millones de pesos anuales, aunque advierte que si se aplaza un año la corrección, el costo fiscal adicional sería de 9,7 billones de pesos, y cada mil pesos de diferencia por galón equivale a 1,9 billones de pesos al año. En enero pasado, la brecha era de 1.600 pesos por galón.
Entre las opciones sobre la mesa, el Ministerio de Hacienda evalúa un ajuste escalonado de precios. Una propuesta a 24 meses implicaría un aumento de 213 pesos mensuales, equivalente a un 20,5 por ciento anual, con un costo fiscal de 7,3 billones de pesos. Otra alternativa, a 36 meses, plantea un incremento de 142 pesos por mes, un 13,2 por ciento anual, con un costo fiscal de 8,1 billones de pesos. El hueco fiscal total de los subsidios a gasolina y diésel en el Fepc alcanzó los 30 billones de pesos.
Voces a favor y en contra de la medida
David Jiménez Mejía, vocero nacional del gremio Somos Uno, señaló que las dos salidas terminan en el mismo bolsillo. «Si el precio sube, golpea el costo de vida vía fletes y alimentos. Si no sube, el déficit lo asume primero el refinador o el importador y después el Presupuesto General de la Nación, que se financia con más impuestos a los mismos colombianos», afirmó. La agrupación propone un ajuste escalonado anunciado con anticipación y una revisión de la referencia internacional, considerando que Colombia es un país refinador de diésel. La Superintendencia de Industria y Comercio considera viable la medida, pero pidió un mecanismo de seguimiento para ajustar la metodología y que el proyecto se envíe con justificación actualizada.
«Las dos salidas terminan en el mismo bolsillo. Si el precio sube, golpea el costo de vida vía fletes y alimentos. Si no sube, el déficit lo asume primero el refinador o el importador y después el Presupuesto General de la Nación, que se financia con más impuestos a los mismos colombianos»
David Jiménez Mejía, vocero nacional de Somos Uno
La discusión retoma una iniciativa del gobierno de Gustavo Petro y cobra fuerza ante el aumento del precio internacional del diésel impulsado por el conflicto entre Rusia e Irán, que amplió la brecha. Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda prepara conversaciones con el Fondo Monetario Internacional en Washington sobre los desafíos fiscales del país y posibles reformas. Las opciones de financiamiento del Fepc incluyen recursos presupuestales, ajustes de precios, mayor deuda o una combinación de estas alternativas, en medio de un debate que busca equilibrar el impacto en la canasta básica con la estabilidad de las finanzas públicas.
