El Gobierno nacional de Colombia evalúa eliminar la prima especial de servicios, equivalente a 15 millones de pesos mensuales, que reciben los congresistas a partir de 2026, mediante un borrador de decreto impulsado por la Presidencia de la República. Esta medida, dirigida a los legisladores elegidos en los comicios del próximo 8 de marzo, forma parte de una estrategia de austeridad destinada a cerrar las crecientes brechas socioeconómicas en el país, y ha sido ampliamente aplaudida por la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien la calificó como una decisión acertada en medio del debate sobre los altos salarios de la clase política.
La eliminación de esta prima implicaría una reducción cercana a los 11 millones de pesos mensuales en la asignación total de los congresistas, cuyos salarios para 2026 superarán los 52 millones de pesos, tras un incremento del 7% establecido por el Decreto 1092 de octubre de 2025, que elevó la cifra de 48,1 millones a más de 51 millones. En contraste, el salario mínimo legal vigente para 2026 ascenderá a 1.750.000 pesos, con un aumento del 22,7%, lo que significa que un congresista ganará cerca de 37 veces más que un trabajador en el piso salarial básico, una disparidad que ha avivado las críticas en un contexto de presiones económicas generalizadas.
Reacciones y críticas a los privilegios legislativos
Claudia López no escatimó en palabras para respaldar la iniciativa, destacando que representa un paso positivo frente a lo que describió como la mayor transferencia de riqueza de los bolsillos de los colombianos hacia congresistas, ministros, magistrados y la burocracia estatal en la historia del país. La exmandataria bogotana también cuestionó el reciente aumento salarial del mínimo, del que 23,7% según su crítica, beneficiaría solo al 44% de la población con empleo formal, mientras que el 56% de informales enfrentaría mayor inflación y costo de vida sin mejoras, trabajando más para enriquecer a los privilegiados de arriba.
«¡Esta sí es una buena decisión!»
Claudia López, exalcaldesa de Bogotá
Por su parte, el exministro del Interior y precandidato presidencial Juan Fernando Cristo respaldó la propuesta recordando que esta prima, creada por el Decreto 2170 de 2013 para sustituir beneficios eliminados por una sentencia de la Corte Constitucional, no está contemplada ni en la Constitución ni en la ley, sino en un decreto que puede derogarse o modificarse fácilmente. Cristo había propuesto su eliminación desde el primer año de la pandemia, en medio de un debate recurrente sobre los elevados emolumentos de los congresistas, que además incluyen beneficios adicionales como gastos de representación, logística y seguridad.
«la prima no está contemplada ni en la Constitución ni en la ley, sino en un decreto que se puede derogar o modificar»
Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y precandidato presidencial
Esta medida se inscribe en un contexto de creciente presión pública por la contención del gasto público, donde los altos salarios legislativos contrastan con las dificultades económicas de la mayoría de los colombianos, avivando un debate que podría influir en la agenda política rumbo a las elecciones de 2026.
