El Gobierno de Colombia, a través del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, evalúa la liquidación de hasta ocho Entidades Promotoras de Salud (EPS) debido a su precario estado financiero y los reiterados retrasos en la entrega de medicamentos, una medida que podría impactar a más de 20 millones de usuarios del sistema de salud. El anuncio se realizó recientemente durante una visita del ministro a Ramiriquí, en Boyacá, donde se destacó el caso de Tunja como ejemplo de las fallas graves en el servicio. Entre las EPS bajo revisión se encuentran Nueva EPS y Famisanar, ante la incapacidad de estas entidades para cumplir con sus obligaciones pese a los recursos girados por el Ministerio de Salud.
El fallecimiento de Jaisson Javier Pinzón, un joven de 20 años en Tunja, quien no recibió a tiempo el medicamento necesario para su trasplante de médula ósea, ha encendido las alarmas sobre las demoras persistentes en autorizaciones y provisión de fármacos, afectando especialmente a adultos mayores, mujeres embarazadas y niños. Estas quejas se acumulan en un contexto de retos logísticos por el alto volumen de afiliados, lo que ha llevado al Gobierno a intensificar la vigilancia por parte de la Superintendencia de Salud y otros entes de control.
Vigilancia estricta y posibles sanciones
La estrategia gubernamental incluye una supervisión minuciosa de las EPS, con denuncias continuas ante la Superintendencia para aplicar sanciones y, en última instancia, proceder a la liquidación si no se corrigen las fallas. El ministro Jaramillo enfatizó la urgencia de garantizar el acceso oportuno a los medicamentos, recordando que el Estado transfiere los recursos correspondientes para que las entidades cumplan con sus deberes.
“Es el llamado que estamos haciendo y la permanente denuncia ante la superintendencia y ante las EPS, porque si les estamos pagando deberían estar suministrando los medicamentos y no estar sometiendo a las gentes a una cantidad de situaciones que se vuelven inhumanas”
Guillermo Alfonso Jaramillo, Ministro de Salud
Esta medida representa un paso decisivo para fortalecer el sistema de salud colombiano, priorizando la protección de los usuarios ante las deficiencias financieras y operativas de las EPS, con el objetivo de evitar más tragedias como la de Jaisson Pinzón y asegurar un servicio digno y eficiente para millones de colombianos.
