El Gobierno colombiano expidió el Decreto 0581 de 2026, una normativa que endurece de manera significativa las reglas contra la tercerización laboral ilegal. Así lo anunció hoy el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien detalló que las multas para las empresas infractoras podrán alcanzar los 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, aproximadamente 10.000 millones de pesos. El decreto, que estará vigente a partir del 5 de junio de 2026, incorpora un capítulo adicional al Decreto 1072 de 2015 y establece criterios objetivos para detectar relaciones laborales ocultas, al tiempo que otorga nuevas herramientas de inspección y sanciones para fortalecer la protección de los trabajadores.
La medida, que según estimaciones de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) afecta a cerca de 600.000 trabajadores directos bajo esquemas de empresas de servicios temporales y subcontratación, busca poner fin a lo que el propio ministro calificó como “zonas grises” en la contratación. Sanguino explicó que el decreto responde a demandas sindicales y sociales, y se enmarca en la Ley 1610 de 2013 y en las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “La tercerización laboral ilegal no puede volver a ser la regla en Colombia. Trabajadoras y trabajadores, algunos añoran el pasado. Te quieren realizando labores permanentes, bajo órdenes permanentes, para empresas permanentes, pero sin los derechos que te corresponden. Este es el Gobierno que protege al pueblo trabajador”, afirmó el ministro durante el anuncio.
Nuevas reglas contra las zonas grises
De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, la norma no prohíbe la tercerización legal, sino que define con mayor claridad cuándo una relación laboral debe ser considerada directa. El decreto establece que si un trabajador labora todos los días para una empresa, cumple horarios, recibe órdenes y hace parte de su actividad principal, el empleador no puede esconderse detrás de un contratista para evadir sus responsabilidades. “Se acabaron las zonas grises. Quien controla el trabajo debe responder por los derechos de quienes lo realizan”, sentenció Sanguino. Las empresas de servicios temporales, por su parte, solo podrán operar en situaciones excepcionales y transitorias previstas por la ley, y no para reemplazar empleos permanentes.
“Si usted trabaja todos los días para una empresa, cumple horarios, recibe órdenes y hace parte de su actividad principal, la de la empresa, su empleador no puede esconderse detrás de un contratista para evadir sus responsabilidades”.
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo
La normativa otorga a los inspectores laborales la facultad de ordenar la formalización inmediata y el cumplimiento de todas las obligaciones laborales, sindicales y de seguridad social cuando detecten relaciones de empleo ocultas bajo contratos irregulares. Según el Ministerio, las empresas que cumplen la ley no tienen nada que temer. “Que no le metan cuento. Nadie está prohibiendo la tercerización legal ni afectando a quienes cumplen la ley. Lo que estamos haciendo es impedir que el trabajo permanente siga disfrazándose de contratación temporal”, aclaró Sanguino. El decreto aclara que la tercerización sigue permitida siempre que exista autonomía técnica, administrativa y financiera, y pleno respeto a los derechos laborales.
“Las empresas que cumplen la ley no tienen nada que temer; por el contrario, este decreto les brinda reglas claras y seguridad jurídica. Este decreto está dirigido a quienes utilizan la tercerización ilegal para negar derechos laborales. En Colombia el crecimiento económico no puede construirse sobre la precarización del trabajo”.
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo
Con esta medida, el Gobierno busca promover la formalización laboral y cumplir con los estándares internacionales de la OIT. Los trabajadores que hoy están bajo esquemas de subcontratación irregular podrán, a partir de la vigencia del decreto, ser reclamados como empleados directos, con todas las prestaciones y garantías que ello implica. Las multas, que alcanzan los 10.000 millones de pesos, representan un aumento sustancial frente a las sanciones anteriores, lo que, según el Ministerio, desincentivará las prácticas ilegales. Mientras tanto, sectores productivos evalúan el impacto, aunque el ministro insistió en que la norma busca equilibrar la protección laboral con la seguridad jurídica: “En Colombia el crecimiento económico no puede construirse sobre la precarización del trabajo”.
