En un hecho histórico para la política minera colombiana, el Gobierno nacional expidió el Decreto 0742 de 2026, la primera reglamentación integral que establece obligaciones ambientales, laborales, sociales, técnicas y financieras para el cierre de minas en el país. La medida fue anunciada el 15 de julio en Cali, Valle del Cauca, por los ministros de Minas y Energía, Edwin Palma; del Trabajo, Antonio Sanguino; y la ministra (e) de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, quienes subrayaron que se trata de un paso fundamental para saldar una deuda histórica en materia de sostenibilidad y justicia social.
El decreto, que articula las competencias de los tres ministerios, llena un vacío normativo que durante décadas permitió que las operaciones mineras dejaran pasivos ambientales y sociales sin ningún tipo de control o reparación. A partir de ahora, la planificación del cierre debe realizarse desde la etapa misma de explotación, integrando dimensiones que antes se manejaban de forma separada. El ministro Palma destacó que «con este decreto Colombia salda una deuda histórica con el país. El cierre de una mina se convierte en una responsabilidad integral con los trabajadores, las comunidades y los territorios. La transición energética justa también significa garantizar que ningún proyecto abandone pasivos ambientales o sociales, sino que deje oportunidades para el desarrollo sostenible».
Modalidades y alcance del decreto
La nueva reglamentación crea cinco modalidades de cierre: progresivo, temporal, anticipado, final y un cierre técnico gradual especialmente diseñado para la pequeña minería y los procesos de formalización. Este enfoque diferenciado busca adaptarse a las realidades de los distintos tipos de explotación minera en el país, desde grandes proyectos industriales hasta la minería artesanal. Además, el decreto exige un seguimiento posterior al cierre para garantizar que las medidas adoptadas se mantengan en el tiempo y no generen nuevos impactos negativos.
Por primera vez, la protección de los derechos laborales se incorpora de manera expresa en una normativa de cierre minero. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que se garantizan mecanismos de transición laboral, reconversión productiva, acompañamiento institucional y vigilancia para que «las y los trabajadores sean protagonistas de una transición justa y no las principales víctimas del cierre de una operación minera». Entre las medidas concretas se incluyen planes de transición laboral, concertación sindical, capacitación a través del SENA y la garantía de pago de obligaciones laborales y de seguridad social.
«Por primera vez una reglamentación de cierre minero incorpora de manera expresa la protección de los derechos laborales. Garantizamos mecanismos de transición laboral, reconversión productiva, acompañamiento institucional y vigilancia para que las y los trabajadores sean protagonistas de una transición justa y no las principales víctimas del cierre de una operación minera»
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo
«En el contexto de la superación del extractivismo, el cierre de minas adquiere una importancia aún mayor. Por eso, por primera vez el país cuenta con un marco regulatorio que integra las dimensiones ambiental, laboral y minera para planificar el cierre responsable de las actividades extractivas. Además, incorpora la participación activa de las comunidades y promueve una transición productiva y ecológica que permita restaurar los territorios y construir nuevas oportunidades para quienes los habitan»
Irene Vélez Torres, ministra (e) de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Las áreas intervenidas por la minería, una vez cerradas, podrán ser destinadas a nuevos usos del territorio como restauración ecológica, conservación de la biodiversidad, producción agropecuaria sostenible, generación de energías renovables, turismo, infraestructura comunitaria y otras iniciativas de desarrollo sostenible. De esta manera, el decreto no solo busca corregir los impactos negativos del pasado, sino también generar condiciones para que las comunidades mineras puedan transitar hacia economías alternativas en el marco de la transición energética justa que impulsa el Gobierno nacional.
