La Presidencia de la República decidió extender el periodo de funciones como gestores de paz a nueve cabecillas vinculados al ELN que participan en las negociaciones con los Comuneros del Sur, una facción de las disidencias de las FARC en Nariño. Entre ellos se encuentran Ana Milena García Leiton, conocida como alias Sonia; Jaime Edilson Rodríguez Moreano, alias Yovany; Ómar Robinson Vallejo España; Édgar Humberto Restrepo Benjumea, alias Mono Clinton; Diego Fernando García; Jesús Andrés Cabezas; Yumer Arley Guerrero Castilla; Luis Alberto Villota Rodríguez y Carlos Jhon Cabrera Ruales. Esta medida se adoptó mediante una resolución oficial que impone restricciones y busca aprovechar sus conocimientos y experiencia en procesos de paz para promover iniciativas humanitarias.
Estos nueve líderes, que suman un total de beneficiados con esta extensión, enfrentan procesos judiciales o condenas por graves delitos como secuestros, atentados y homicidios contra miembros de las fuerzas de seguridad. En particular, Ana Milena García Leiton cumple una condena de 40 años de prisión por el secuestro de una familia en Jamundí, Valle del Cauca. Jaime Edilson Rodríguez Moreano está ligado a redes de narcotráfico en Ecuador, mientras que Ómar Robinson Vallejo España es responsable del homicidio de dos policías en Nariño, y Édgar Humberto Restrepo Benjumea lideró el frente urbano del ELN.
Antecedentes y restricciones en la designación
La resolución oficial establece que el Gobierno nacional puede retirar en cualquier momento esta designación como gestores de paz, lo que implicaría la reactivación inmediata de las medidas penales ordinarias. Este contexto se enmarca en sospechas sobre posibles vínculos activos de estos cabecillas con estructuras delictivas del ELN, lo que podría derivar en la suspensión de sus funciones. Recientemente, el 8 de noviembre de 2024, se retiró la calidad de gestor de paz a Alexis Fabián Hoyos Ospina por recomendación del mismo grupo armado, evidenciando la volatilidad de estas designaciones.
“El Gobierno nacional podrá, en cualquier momento, retirar la designación como gestores de paz de que trata el artículo anterior y, en consecuencia, solicitar la reactivación de las medidas penales ordinarias”
Resolución oficial del Gobierno nacional
Esta extensión busca avanzar en las mesas de diálogo en Nariño, pero genera preocupación por el historial criminal de los involucrados y el riesgo de que sus lazos con el ELN comprometan el proceso. Fuentes oficiales destacan la importancia de su experiencia en la región para fomentar acciones humanitarias, aunque el equilibrio entre paz y justicia sigue siendo un desafío en medio de las negociaciones con los Comuneros del Sur.
