El Gobierno nacional, mediante la Resolución Ejecutiva 203 del 29 de mayo de 2026, prorrogó por un año adicional la intervención forzosa administrativa de Emssanar EPS. La medida, que extiende la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios hasta el 31 de mayo de 2027, responde a la persistencia de condiciones estructurales que originaron la intervención inicial el 31 de mayo de 2022. La decisión, firmada presidencialmente y apoyada por el Ministerio de Salud, se sustenta en un concepto técnico de la Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones, así como en el informe de viabilidad de la firma contralora Nexia Montes & Asociados, que concluye que la EPS continúa en un escenario de riesgo que amerita acciones especiales de vigilancia, control y gestión.
La prórroga, que regirá desde el 1 de junio de 2026, se fundamenta principalmente en dificultades financieras, incumplimientos de indicadores de solvencia, debilidades operativas en la red prestadora, barreras de acceso y altos niveles de judicialización. La resolución reconoce avances en estabilización operativa, fortalecimiento institucional y depuración de información, pero los considera insuficientes frente a los riesgos identificados. La agente interventora, Ilsen Inés Jaramillo Laserna, continuará al frente de la EPS, que afecta principalmente al departamento del Valle del Cauca, donde la deuda acumulada con la IPS Gesencro supera los 13.000 millones de pesos, lo que ha llevado a la suspensión de servicios en cinco municipios, afectando a pacientes con enfermedades crónicas. Esta no es la primera interrupción; en febrero de 2026 ya se había presentado una suspensión similar, resuelta temporalmente con un acuerdo que ahora parece insostenible.
Riesgos persistentes y medidas insuficientes
La resolución cita la naturaleza de los riesgos identificados, particularmente aquellos asociados a la continuidad en la prestación de servicios, la estabilidad de la red prestadora y la sostenibilidad financiera. El documento subraya que el flujo de recursos y el cumplimiento de obligaciones con prestadores y proveedores exigen la adopción de medidas más estrictas. Mientras tanto, el Gobierno ha incrementado las transferencias al sistema de salud: entre enero y abril de 2026, se destinaron 34,90 billones de pesos, de los cuales 17,61 billones correspondieron al régimen subsidiado y 17,29 billones al contributivo, frente a los 29,90 billones del mismo periodo en 2025. Estas cifras muestran un esfuerzo fiscal, pero no han logrado resolver las barreras de acceso que enfrentan los usuarios de Emssanar, especialmente en el Valle del Cauca.
«Si bien persisten condiciones estructurales que dieron origen a la intervención particularmente relacionadas con dificultades financieras, incumplimientos de indicadores de solvencia, debilidades operativas en la red prestadora, barreras de acceso y altos niveles de judicialización»
Resolución Ejecutiva 203, citando concepto técnico ministerial
La decisión de prorrogar la intervención por un año más refleja la complejidad de la situación de la EPS, que sigue siendo un desafío para el sistema de salud colombiano. Miles de pacientes con enfermedades crónicas enfrentan interrupciones en sus tratamientos, mientras la red prestadora se resiente por la deuda acumulada. La firma contralora Nexia Montes & Asociados ha recomendado mantener las acciones especiales de vigilancia, control y gestión, ante la persistencia de un escenario de riesgo que amenaza la estabilidad financiera y operativa de la entidad. La intervención, que inicialmente debía ser temporal, se ha extendido por más de cuatro años, evidenciando las dificultades para lograr una reestructuración efectiva de la EPS.
