El Ministerio de Educación expidió la Resolución 020309 que fija los topes máximos de incremento para matrículas y pensiones en colegios privados para el año escolar 2027, utilizando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, un cambio metodológico que rompe con una tradición de dos décadas. La medida, adoptada por el gobierno saliente de Gustavo Petro, establece un aumento máximo autorizado del 11,24 por ciento sobre la tarifa anterior y contempla la posibilidad de puntos adicionales para las instituciones que acrediten programas de inclusión o permanencia escolar, aunque esos beneficios extra apenas alcanzan el 0,4 por ciento. Sin embargo, la decisión ha desatado una fuerte controversia en el sector educativo privado, que considera que el nuevo cálculo no refleja la inflación real del segundo semestre ni el impacto del alza del salario mínimo, generando un desfase que podría comprometer la viabilidad financiera de muchas instituciones.
Carlos Roberto Ramos, rector del Colegio San Alejo, explicó que durante los últimos veinte años el incremento se calculaba con base en el IPC de agosto, lo que permitía a los colegios ajustar sus presupuestos con mayor precisión al contar con información más completa sobre la inflación anual y las proyecciones económicas. El cambio al corte de junio, anunciado por el Ministerio de manera anticipada antes del relevo presidencial, obliga a las instituciones a planificar sin conocer aún el comportamiento inflacionario del segundo semestre ni el incremento definitivo del salario mínimo para 2027, dos variables que determinan en gran medida los costos operativos. «Por primera vez en 20 años se tomó el corte de junio. Cualquier número distinto por encima de ese IPC serán recursos que no le van a entrar al colegio privado, que depende de las matrículas y pensiones», advirtió Ramos en declaraciones a Caracol Radio, donde también señaló que el desfase estimado ronda los 20 puntos porcentuales por debajo de la realidad económica del país.
Un cálculo que deja a los colegios en la cuerda floja
Según datos del sector, apenas entre el 7 y el 8 por ciento de los colegios privados alcanzarían el tope máximo del 11,24 por ciento, mientras la mayoría no cumple con los estrictos requisitos para acceder a los incrementos adicionales por inclusión. Martha Yaneth Castillo, representante de la Mesa Nacional de Educación Privada, señaló que las mesas técnicas con el Ministerio no lograron concluir en acuerdos sustanciales y solo se firmaron actas de asistencia, evidenciando la falta de consenso sobre una medida que afecta directamente a las instituciones educativas. La situación se agrava porque el alza del salario mínimo para 2027 absorbe entre el 23 y el 25 por ciento de los ingresos de muchos colegios, mientras que los costos de servicios públicos, mantenimiento e insumos continúan incrementándose por encima del IPC de junio. En diálogo con El Espectador, Ramos fue contundente: «Con esa matrícula no le queda ni para pagar el agua, la luz y el teléfono», una frase que refleja la preocupación de un sector que en los últimos cinco años ha visto cómo varios colegios han solicitado la terminación de licencias de funcionamiento por inviabilidad financiera.
«En los últimos tres años ha habido un afán del gobierno saliente en firmar de manera superanticipada esa resolución, y el efecto es que vamos a quedar con 20 puntos porcentuales por debajo de la realidad económica del país»
Carlos Roberto Ramos, rector del Colegio San Alejo, en Caracol Radio
La resolución del Ministerio de Educación exige que los colegios privados soliciten autorización anual para fijar sus tarifas, un modelo que diferencia a Colombia de otros países de la región donde las instituciones privadas ajustan precios con mayor flexibilidad. Los colegios que atienden a estudiantes de estratos bajos y medios son los más afectados por el desfase entre ingresos y egresos, ya que dependen casi exclusivamente de las matrículas y pensiones para cubrir salarios, servicios y mantenimiento. El sector privado ya ha solicitado al nuevo equipo ministerial una revisión urgente de la resolución, buscando que se considere el IPC de agosto u otro indicador más cercano a la realidad inflacionaria del segundo semestre. Mientras tanto, las instituciones educativas enfrentan un escenario incierto: planificar el año escolar 2027 con un tope que, según los rectores, no alcanza ni para sostener las operaciones básicas, en medio de un país que sigue debatiendo cómo garantizar el derecho a la educación sin ahogar financieramente a quienes la imparten.
