El gobierno nacional de Colombia, bajo la presidencia de Gustavo Petro, fijó mediante decreto anunciado el 29 de diciembre el salario mínimo para 2026 en 1.750.905 pesos, acompañado de un auxilio de transporte de 249.095 pesos, lo que suma un total mensual percibido por el trabajador de 2.000.000 pesos, aunque el costo real para los empleadores asciende a 2.995.642 pesos por cada trabajador en ese nivel salarial, incorporando aportes obligatorios a seguridad social, prestaciones sociales, parafiscales y riesgos laborales.
Este ajuste representa un incremento promedio del 23,7 por ciento, cifra que supera ampliamente el 6,2 por ciento que anticipaba la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip) en un estudio que consultó a más de 150 organizaciones, revelando una decisión tomada sin la concertación esperada y que desdobla la diferencia entre lo que recibe el empleado y los desembolsos totales del patrón.
Preocupaciones del sector empresarial por el impacto económico
La Acrip ha advertido que este aumento se sitúa por encima de la realidad financiera y productiva de las empresas, e incluso de la inflación proyectada, lo que generará un gran reto para el sector al afectar la sostenibilidad del empleo y la productividad, solicitando que no se produzca un efecto cascada en otros incrementos salariales y que se brinde acompañamiento para la generación de empleo formal, además de pedir que otros gastos básicos se ajusten únicamente por inflación y no por el salario mínimo; el desglose de estos costos se basa en datos oficiales y en el análisis compartido por la abogada María Montalvo en su cuenta de TikTok.
“está por encima de la realidad financiera y productiva de las empresas, e incluso de la inflación proyectada, lo que sin duda constituirá un gran reto para el sector empresarial”
Acrip, Federación Colombiana de Gestión Humana
Esta medida, que entra en vigencia para el próximo año, pone en el centro del debate la balanza entre el poder adquisitivo de los trabajadores y la capacidad de las empresas para mantener la formalidad laboral en un contexto de presiones económicas crecientes.
